Las embarcaciones atracadas en el puerto deportivo de Melilla llevan varias semanas sufriendo una ola de robos. Sus propietarios denuncian públicamente que lo peor no es la pérdida de los enseres que les roban los ladrones, sino los destrozos que estos provocan en sus barcos, cuya reparación les supone un coste de entre 10.000 y 20.000 euros.
Al margen de este importante desembolso económico, aseguran que la situación les está dando más de un quebradero de cabeza porque, al parecer, se podría estar dando una discrepancia entre la Autoridad Portuaria y la Guardia Civil en cuanto a las competencias de seguridad.
Según afirman las víctimas de estos robos, ya se han puesto en contacto con la Autoridad Portuaria, donde les dicen que son conocedores del problema que se está dando, pero alega que la seguridad no es su competencia, sino de la Guardia Civil, que controla las cámaras de seguridad, instaladas en su totalidad en el puerto comercial.
Los dueños de los barcos afectados creen que el instituto armado tampoco va a reforzar la seguridad para evitar que se produzcan más robos, ya que el puerto deportivo es un recinto privado. “Nos falta por confirmar lo que pasaría, pero creemos que esa va a ser la respuesta, que es la Junta del Puerto la que se tiene que hacer cargo”, afirman.
No es la primera discrepancia sobre la seguridad
Este caso recuerda a otro similar que tuvo lugar en 2017, a causa de las intrusiones de migrantes en la zona de seguridad del puerto, lo que motivó una discrepancia entre la Autoridad Portuaria, entonces presidida por Miguel Marín, y la Delegación del Gobierno en Melilla, que estaba en manos de Abdelmalik El Barkani, ambos del PP.
En concreto, Miguel Marín pidió más guardias civiles para frenar las intrusiones, pero el delegado del Gobierno de la época aclaró que “la responsabilidad de las intrusiones en el puerto no es de la Guardia Civil”.
El Barkani fue rotundo entonces al señalar que “la Policía Portuaria tiene sus competencias y la Guardia Civil tiene las suyas”, aunque “el acceso al puerto no depende ni lo hace la Guardia Civil, lo hace la Policía Portuaria, y tiene su propio plan de seguridad”.
Un plan que “depende de la Autoridad Portuaria” y en el que, señaló El Barkani, la Benemérita no tiene un papel de “autoridad de protección” porque “no forma parte de la estructura de seguridad del Puerto”.
Esta discrepancia se prolongó durante varias semanas mientras el problema de las intrusiones seguía creciendo.
Finalmente, cuando el puerto contabilizaba cerca de 9.000 intrusiones en solo siete meses, la Autoridad Portuaria amplió la plantilla de policías portuarios para hacer frente a la situación, incorporando nueve agentes más.
