El abogado de CPM, Iván Jiménez, considera que el Gobierno de la Nación pretende «retorcer la ley» a través de la orden ministerial para controlar las condiciones en las que se desarrolla el sacrificio del borrego en la celebración de la Pascua Musulmana. Afirma además que se sigue sin saber si las explotaciones ganaderas de Melilla cumplen con lo recogido en la orden y que, de no hacerlo, «no podrían entrar los borregos de Marruecos ni de ningún sitio», por lo que se produciría una vulneración del derecho religioso. Coalición por Melilla (CPM) cree que la orden dictada por el Ministerio de Agricultura lo que pretende es «retorcer la ley» con el objetivo de controlar las condiciones en las que se lleva a cabo el sacrificio del cordero, más que controlar el paso de los animales procedentes del país vecino.
Según explicó ayer el letrado de la formación, Iván Jiménez Aybar, lo que se pretende con esta norma es decidir cómo, dónde y quién debe ejecutar el rito del sacrificio. A su parecer, se está haciendo de este modo «un uso alternativo del derecho».
A su vez, puso de manifiesto que, pese a que la Ciudad haya dicho que hay al menos dos explotaciones ganaderas en Melilla, todavía se desconoce si estas cumplen con los requisitos que recoge la orden ministerial.
«Si no fuera así no podrían entrar los borregos de Marruecos ni de ningún sitio», señaló el abogado.
Lo que implicaría, según siguió exponiendo, que se estaría vulnerando el derecho religioso.
Prevaricación
Por otro lado, CPM considera que la «arbitrariedad» con la que actuó el año pasado el delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, plantea ahora una encrucijada. Recordó que el año pasado se permitió a los particulares que no quisieron hacer el sacrificio en el matadero que recogieran a los animales para realizar el rito en sus domicilios.
La formación pide que este año se actúe con la misma flexibilidad y no se obligue a los musulmanes melillenses a hacer el sacrificio en el matadero de la ciudad.
En este sentido, subrayó el abogado que, de no permitir que los particulares recojan a los animales y se los lleven, estaríamos ante un delito de prevaricación administrativa. Un delito que se habría cometido el año pasado o que se estaría cometiendo en el presente año porque, afirmó, se procedería de forma distinta en función de la procedencia de los animales.
No hubo fiebre aftosa
También sostuvo Jiménez, acompañado en rueda de prensa por el diputado Hassan Mohatar, que el año pasado se produjo una restricción al paso de los borregos marroquíes que, con la orden ministerial de este año, ha quedado demostrado que estuvo de más.
Afirmó el letrado que el «límite» impuesto era «artificial», puesto que las normativas que había hace un año lo que no permitían era el paso de animales a la Península, pero no vetaba la entrada de borregos a Ceuta y Melilla. Recordó que por este motivo CPM ha impuesto un recurso contencioso administrativo.
