No se puede consentir que la picaresca de unos cuantos pongan en riesgo un servicio público que es de todos, causando un daño que puede ser irremediable a un sector que anda en la cuerda floja desde hace años. No actuar contra este problema de los taxis pirata, o hacerlo de manera poco decidida, envía indirectamente un mensaje que anima a la economía sumergida El transporte clandestino de viajeros que ejercen los taxis piratas no es un problema de ahora, lleva ya muchos años asentado en la ciudad. Con la crisis, este problema empezó a ir a más hasta alcanzar en la actualidad unas cotas insostenibles. Pero ahora ya no es cuestión de crisis. Algunos de los taxis piratas lo hacen para sacarse un sobresueldo, como un segundo empleo para complementar la nómina que ya reciben por desempeñar su trabajo. A falta de cifras oficiales, taxistas y conductores de la COA calculan que hay entre 200 y 250 taxis pirata, pero creen que incluso se quedan cortos. Para hacerse una idea de la dimensión del problema, hay que hacer la comparación con los profesionales que ejercen esta actividad con licencia y pagando los impuestos que se requiere a cualquier actividad profesional. Apenas son 60, además de otros 40 conductores asalariados. Nos encontramos, por lo tanto con que quienes trabajan legalmente en el transporte urbano forman el grupo minoritario, frente a aquellos pícaros que encima se vienen arriba con amenazas y burlas. Esas actitudes demuestran que se saben impunes, y si eso ocurre es porque el trabajo que se hace para luchar contra este problema no es suficiente. Es evidente que se necesita un plan de choque, porque están en riesgo más de un centenar de puestos de trabajo y un sector, el del transporte urbano, que es vital si de verdad se quiere fomentar la movilidad sostenible en esta ciudad.
No se puede consentir que la picaresca de unos cuantos pongan en riesgo un servicio público que es de todos, causando un daño que puede ser irremediable a un sector que anda en la cuerda floja desde hace años. No actuar contra este problema de los taxis pirata, o hacerlo de manera poco decidida, envía indirectamente un mensaje que anima a la economía sumergida. Como ocurre con la venta ambulante ilegal, que también hace mucho daño a comerciantes que desde un establecimiento o un puesto en los mercados de abastos tratan de ganarse la vida dignamente cumpliendo con las normas.
En este problema hay un trasfondo de picaresca que es, quizá, inherente a la sociedad española. Pero no por ello se debe permitir o ver con buenos ojos, sino combatirlo con todas las herramientas policiales y legales que sean posibles, y también con buenas dosis de colaboración ciudadana porque como decíamos antes, consentir la picaresca termina haciendo daño al conjunto de la sociedad. Otro ejemplo lo tenemos en las simulaciones de delito para estafar y cobrar del seguro. Ayer, la Policía Nacional informó de dos casos de este tipo, cada vez más comunes, y que constituyen la punta del iceberg. Si no se hace frente a estas prácticas, podemos encontrarnos con lo que ya está pasando, y es que los seguros eleven sus precios para compensar sus pérdidas por la picaresca de quienes estafan, lo que supone un perjuicio para todo el mundo. El Código Penal establece en su artículo 456 penas de hasta dos años de prisión y multa para quienes simulan delitos. Si se empezara aplicar algo más de mano dura, quizá se podría revertir el dominio de los pícaros que se saltan las normas que todos debemos cumplir, contra los que todos debemos combatir.
