El portavoz de la Cooperativa Omnivus de Autobuses (COA), Iván Septiem, explicó ayer a MELILLA HOY la situación económica que atraviesa la cooperativa por la “irregularidad” que mantiene el contrato con la administración autonómica desde hace años a causa “del silencio administrativo” del Gobierno melillense. A su vez, ha denunciado por la vía contenciosa a la administración por los gastos de explotación que derivan del servicio público y que “no se han ingresado por parte de la administración desde hace años”, sino que se “han reconocido por parte de la administración de manera parcial” en forma de subvenciones que “solo permiten sobrevivir el servicio”. La Cooperativa Omnivus de Autobuses (COA) que ofrece actualmente el servicio público de transporte urbano ha denunciado al Gobierno melillense por la vía contenciosa, por deberle desde el año 2008 al 2013 , dos millones y medio de euros a la empresa de transporte público.
En concreto, esta deuda procede del concepto de explotación del servicio que "ya ha sido adelantado por parte de la propia cooperativa con los beneficios de la otra línea de negocio, así como, del recorte de las extras desde hace tres años al personal de la COA o los créditos solicitados", según explicó ayer a MELILLA HOY el portavoz de la COA, Iván Septiem.
De esta manera, con las ayudas dadas como servicio público por el Ministerio de Fomento y la partida nominativa dada por la Ciudad Autónoma que ha aumentado en los dos últimos años, la cooperativa según Septiem "sobrevive, pero no puede generar inversiones para la mejora del servicio”.
“Esta situación se debe a la deuda que arrastra la administración autonómica con COA", criticó el portavoz de la cooperativa quien además señaló que ya en 2010 la Consejería de Economía tiene reconocido en un informe solicitado por la propia consejería para ver la viabilidad del transporte urbano, “que la cooperativa estaba en pérdidas y que necesitaba una subvención de 700.000 euros anuales para poder sólo mantener el servicio".
Según contó Septiem es en 1951 cuando por concurso ante notario cuando la COA acoge el servicio público de transporte urbano otorgado durante unos 25 años de servicio y con posibilidad de prorroga de cinco años como se le dio hasta el año 1983. En este año, a partir de una carta de la cooperativa al que en su momento era el Ayuntamiento solicitando la renovación, la administración "nunca contesta y optan por el silencio administrativo", explicó el portavoz de COA.
Desde entonces, la administración "ni contesta al requerimiento de COA, ni de elevar el contrato una situación regular" lo que da lugar a que "el contrato que se encuentre en vigor porque tampoco se canceló en el año 84". Y es que la Ley de Contrato de Servicio Público indica que "en el caso de que un contrato no tenga una renovación tácita y esta guarde silencio el concesionario tendrá derecho de requerir el mismo tiempo que guarda silencio la administración".
El portavoz de la cooperativa señaló que si bien “la decisión en 1984 no es culpa del actual gobierno, si lo es que hasta ahora no se haya regulado el contrato en ninguno de los términos”
En conclusión, según señaló Septiem COA solicita una "regularización contractual". Dentro de esta regularización pide "ampliación contractual igual al tiempo que no ha habido contestación por parte de la administración pública en cuanto al contrato", y por otra parte que "en los últimos años, en concreto desde 2008, el servicio que presta la empresa genera un déficit anual de 700.000 euros para poder mantener el servicio, por lo que solici unos 2,5 de euros resultantes de la auditoria externa realizada por la cooperativa en base a los gastos de explotación del servicio público, que procede de todo aquello que dejó de ingresar la empresa".
De la misma manera, Septiem explicó que la administración pública "mantiene un posible concurso de licitación del servicio de transporte público, pero no lo saca porque podría ser impugnado a causa de la deuda que mantiene con la cooperativa".
