A la vista de los hechos, no hay coordinación alguna entre las administraciones central y local aquí en Melilla, por mucho que nos vendan lo necesario que es arrimar el hombro para rentabilizar los recursos públicos, que son de todos, por cierto, y no de quienes tienen la responsabilidad de administrarlos. En Melilla, donde las principales competencias siguen en manos del Estado, la relación entre la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma debería ser una máquina perfectamente engrasada. Hoy, las ruedas dentadas que deberían hacerla andar están oxidadas a la vista de todos los melillenses, que padecen ese divorcio sólo maquillado por la presencia de las consejeras del PSOE en los actos de la Delegación del Gobierno, como ocurrió en todos los que se organizaron desde aquella sede por el 25-N. ¿O es que los miembros del Gobierno de Melilla del resto de partidos no estaban invitados?
Pero, al margen de las fotos y los escaparates, lo que en estas líneas denunciamos es que la coordinación entre las dos administraciones es nula y eso se traduce en problemas sin arreglar. Uno muy palpable es el enorme agujero que se nos va a quedar en el presupuesto de 2023 de la Ciudad Autónoma por el encarecimiento de la producción de agua en la desaladora. Siete millones de euros sobre los que el Estado ni siquiera ha dado una respuesta a la petición que se le ha hecho desde el Gobierno de Melilla para que se haga cargo, como ha reconocido la consejera de Hacienda, Dunia Al-Mansouri.
Otro ejemplo es el que nos ofreció la denuncia pública de un lector de MELILLA HOY sobre las montañas de residuos que se acumulan en nuestro entorno natural escaso, incluido el cauce de un río, con el peligro que ello conlleva en la época en la que estamos, con posibilidad de lluvias y de temporales. La Ciudad Autónoma puso en manos de los melillenses una herramienta de comunicación de incidencias, pero nuestro lector se encontró con la desagradable sorpresa de que se lavaron las manos porque era una competencia del Estado, en concreto de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. ¿Y ya está? ¿Eso es todo?
Aquí, cuando hablamos de recursos públicos, el interés general y bienes comunes como son nuestros espacios naturales, las administraciones públicas no pueden permitirse el lujo de echar la pelota a otro tejado. Sí, es verdad que el río y el litoral es responsabilidad del Estado, pero la Ciudad Autónoma representa a los melillenses y debería ser la primera en preocuparse de que eso esté bien porque si no lo hace, ni está atendiendo como debe sus preocupaciones, ni tampoco está intentando evitar un futuro problema mayor que le perjudicará más adelante en caso de lluvias fuertes, como ocurrió en las últimas, en las que nuestras playas quedaron destrozadas y llenas de basura por todos lados.
Si la Ciudad Autónoma no intenta atajar en origen las acumulaciones de basuras, ¿para qué sirven las limpiezas de playas que organiza y en las que se implican tantos y tantos voluntarios? Para ello, debe hacer valer esa coordinación que las administraciones se deben autoexigir y darle el toque a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que los melillenses no pueden darle, en representación de ellos. Y así con todo: educación, transportes, sanidad, medio ambiente, agua, seguridad… ¿Para qué vale que haya una coincidencia parcial de colores políticos en ambas administraciones si no hay relación entre ellas? ¿O ese es precisamente el problema, asumido también por los socios políticos aunque el que se ponga de perfil sea el PSOE? Las administraciones no deben ser tomadas como escaparates, sino como espacios para resolver los problemas de los ciudadanos. Y como mejor pueden hacerlo es sumando fuerzas y exigiéndose mutuamente más esfuerzo, que es lo que Melilla merece y necesita.
