El pasado martes, durante la sesión de control al gobierno en el Senado de España, el todavía Presidente del Gobierno, se dejó llevar, nuevamente, por lo más bajo de sus instintos, en lo que ya es su habitual forma de hacer política y volvió a acusar, una vez más, al Partido Popular, de haber mentido hace 20 años, durante los aciagos momentos vividos en torno al mayor atentado terrorista sufrido por los españoles el 11 de marzo de 2004. Volvió a dejar en el aire la acusación de haber mentido, intencionadamente, a los españoles, sobre la presunta autoría de dichos atentados, poniendo la sospecha sobre la organización terrorista ETA, en lugar de hacerlo sobre el yihadismo.
Lo cierto es que, en aquella mañana, antes de que el Gobierno se pronunciase, según recogen las hemerotecas, diversos líderes políticos se pronunciaron en la creencia de que, dado el contexto en el que se vivía en aquel momento, que ahora se ha olvidado, el sospechoso principal de haber llevado a cabo el horrible atentado había sido la organización terrorista ETA. Así se pronunciaron el Presidente del Gobierno Vasco, Juan José Ibarreche, y el propio candidato socialista a la Presidencia del Gobierno por el Partido Socialista, José Luís Rodríguez Zapatero.
Lo cierto es que, lógicamente afectado por el golpe recibido contra la sociedad española, el Gobierno del momento, por boca de su Ministro del Interior, Ángel Acebes, fue proporcionando la información de la que se disponía a medida que se fueron produciendo novedades en la investigación, lo que, en aquellos momentos, revestía la lógica complicación, si uno lo observaba de manera razonable y desapasionada.
Esta manera razonable y desapasionada de observar lo que sucedía en tan graves momentos no formaba parte del estado de ánimo del Partido Socialista en aquellos días, que, convencido de que una buena agitación en las calles podría hacer decantar los resultados de las elecciones generales convocadas para tres días más tarde, el 14 de marzo de 2004, colaboró, con mayor o menor grado de intensidad en un “espontáneo” asalto de la ciudadanía a multitud de sedes del Partido Popular en toda España, al grito de “quién ha sido”, como si en aquellos momentos pudiera resultar evidente.
Todo ello se vinculaba al respaldo del Presidente Aznar a las actuaciones de una coalición internacional de cuatro países (Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Polonia), en lo que se denominó la Guerra de Irak, en la que, en contra de lo que se ha querido dejar implantado en la conciencia de los españoles, España NO participó, sino que respaldó políticamente, al igual que hicieron otros cuarenta países de la comunidad internacional.
En lo que sí participó España, enviando tropas, fue en la Fuerza Multinacional subsiguiente a la guerra, una vez finalizadas las operaciones bélicas, para la reconstrucción de la estabilidad y la paz en el país, formando parte de un contingente con participación de 28 países, además de los beligerantes en el conflicto anterior, en una operación respaldada por la correspondiente Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Todo esto ha venido, malintencionadamente, a ser traído, nuevamente, a la memoria de los españoles, reviviendo la división que aquel desgraciado ataque terrorista, que sufrimos “todos”, produjo en la sociedad española, por el que debería tener como guía y como norte, actuar para garantizar, precisamente, la cohesión y la unidad de toda la sociedad española. Pero ese no es, lamentablemente, el proceder de nuestro actual Presidente del Gobierno.
Todo porque, en este comienzo de legislatura, en el que el protagonismo fundamental de la actividad política nacional no lo ha tenido la resolución de los problemas que experimentan los españoles para mantener un régimen de vida aceptable, sino la resolución de los problemas judiciales de los implicados en el proceso independentista catalán, mediante la concesión de una impunidad camuflada en una Ley de Amnistía, a cambio de siete votos para una investidura, los españoles hemos empezado a conocer los pormenores de una sórdida trama de corrupción, orquestada durante la pandemia del COVID 19, que salpica, de manera cada vez más extensiva, al Gobierno, al Partido Socialista y al entorno más próximo del propio Presidente del Gobierno.
En un intento de reaccionar contra las múltiples sospechas y acusaciones que se vierten sobre la actuación de destacados miembros del Gobierno y del Partido Socialista en esta trama de corrupción, el Presidente del Gobierno, en lugar de responder a las preguntas que se le formulan por parte de la oposición, como es obligación de ésta en un sistema democrático, ha optado por lanzarse al ataque contra la misma con todos los recursos a su alcance, incluyendo la recuperación de la dolorosa división experimentada por la sociedad española tras los atentados del 11M, que todos deberíamos contribuir a superar o los ataques personales a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, destacada dirigente del principal partido de la oposición a nivel nacional, a través de presuntas irregularidades fiscales de su actual pareja. Presuntas irregularidades, cuya difusión pública está siendo sometida a análisis, ya que se trata de asuntos reservados que pertenecen a la privacidad de los ciudadanos y cuyo conocimiento está reservado a los órganos de la Administración, en este caso de la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda.
En esta dinámica de confrontación total y de empleo de todo tipo de recursos, la mayor parte de ellos ajenos a los más mínimos límites éticos, el Presidente del Gobierno se encuentra cada vez más aislado, rodeado, exclusivamente, de los aplausos enfervorecidos de sus más incondicionales partidarios, que han quedado reducidos a aquellos que le deben, literalmente, su puesto de trabajo, sea en las Cortes Generales o en los diferentes niveles de la Administración General del Estado.
Parece haberse abonado el Presidente del Gobierno, de manera irrefrenable, al principio de que “la mejor defensa es un buen ataque”. Ello no consigue ocultar, a pesar de todos sus esfuerzos, el hecho, cada vez más incontrovertible, de que, en este Gobierno, algo huele a podrido.
