Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que envíe a juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y que le condene a cuatro años de prisión y le inhabilite por el delito de revelación de secretos que habría cometido en su contra al filtrar el correo electrónico en el que su abogado ofrece que reconozca dos delitos a cambio de un pacto con Fiscalía.
Así consta en un escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que también reclama que se suspenda de empleo y sueldo a García Ortiz por tres años, así como que se le imponga la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general. Además, solicita una multa de 108.000 euros.
En el caso de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, pide tres años de prisión, suspensión de empleo de dos años y multa de 36.000 euros, además de la pena accesoria de inhabilitación especial para el cargo que ocupa.
Considera que ambos protagonizaron «hechos delictivos» que le causaron un «continuado e incesante» daño «en la intimidad, la protección de datos, la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el honor». Por ello, solicita que le «indemnicen» con 300.000 euros por perjuicios morales.
Sostiene que García Ortiz y Rodríguez «son responsables civiles directos y subsidiarios»: él como autor del delito de revelación de secretos y ella como cooperadora necesaria, «correspondiendo al primero una cuota de 3/5 y a la segunda una cuota de 2/5». Y, además, solicita al TS que imponga a ambos una fianza de 400.000 euros.
A su juicio, «resulta imposible concebir una actuación de las autoridades constitucionales y legales (…) de mayor apartamiento de sus deberes constitucionales y legales de secreto, reserva y sigilo que la realizada por los investigados».
Acusa a ambos de haber formado parte de un plan delictivo para «ganar el relato político» a través de la filtración del correo de su abogado con Fiscalía y de la denuncia del Ministerio Público en su contra por delitos fiscales, así como de la difusión de la nota informativa en la que exponía el cruce de conversaciones entre su defensa y el fiscal que le investigaba.
Insiste en que los dos son responsables de un padecimiento que ha alcanzado a «todo su entorno familiar» y sostiene que si no fuese pareja de Ayuso «jamás se habrían producido las conductas de los investigados».
Apunta también a la «Presidencia del Gobierno» y al PSOE por afectar su «dignidad» llamándole «delincuente confeso» y «defraudador confeso». Señala directamente al presidente Pedro Sánchez; al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; y al actual ministro de Transformación Digital y entonces director del gabinete de Presidencia, Óscar López.
«Después de un año y tres meses de los hechos, la intensidad de uso del relato político lesivo construido a partir de la actividad delictiva de revelación ejecutada» por García Ortiz y Rodríguez ha sido «continua y, además, directamente proporcional a la intensidad con la que el Gobierno y el PSOE (…) han tenido que enfrentarse con relatos a la actuación de la justicia en causas judiciales que le afectan (incluida esta)», añade.
El «potencial efecto» de su relación con Ayuso en el caso
El abogado de González Amador, Gabriel Ramos, realiza un detallado relato de los hechos investigados, que sitúa entre el 7 de marzo –un día antes del periodo fijado por el TS– y el día 14 de ese mismo mes de 2024, y que se centra en la presunta filtración a la prensa del ‘email’ que su otro abogado, Carlos Neira, envió a Fiscalía el 2 de febrero de ese año ofreciendo que su cliente reconociera los delitos fiscales por los que se le investigaba a cambio de un pacto.
Sobre esto, sostiene que Neira optó por la conformidad al ser una «vía de terminación discreta y rápida del procedimiento», «valorando las especiales circunstancias afectantes a González Amador por la relación sentimental que mantiene con» Ayuso, y de «su potencial efecto deformador de las circunstancias y las garantías procesales».
Sitúa el punto de partida de la filtración en el 7 de marzo porque fue cuando el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE), Diego Villafañe, reclamó la documentación del caso a Rodríguez, «sin que estuviera en la prensa». A ello añade que, aunque la denuncia se presentó el 5 de marzo, no se repartió en los juzgados hasta el día 12.
Mediante el ‘email’ que Rodríguez envió a Villafañe, el escrito señala que se informó simultáneamente a la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra. A su juicio, fue una dación de cuentas «anormal» porque hasta entonces ni ella ni el jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid habían recibido llamadas de periodistas preguntando por el caso, en contraste con lo declarado por García Ortiz y la jefa de prensa de la FGE, que afirmaron que el día 6 sí recibieron llamadas de la prensa sobre el caso.
Subraya que fue el 11 de marzo, «tras el fin de semana, y tras recibirse el viernes a las 10:10 horas sólo en FGE la documentación completa», «y un día antes de que se produjera operación alguna de reparto judicial», cuando un periodista de eldiario.es se personó en la casa de González Amador. Y un día después ese mismo medio publicó que el empresario estaba siendo investigado por delitos fiscales.
Destaca el detalle de que, tras ser informada de «los antecedentes del procedimiento y de las comunicaciones mantenidas con Neira», Lastra manifestó a Rodríguez «su enfado por lo que consideraba que había sido una filtración de la FGE», según consta en los mensajes de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid: «Reunión con Almudena. Estaba muy enfadada con FGE por la filtración de lo del novio de Ayuso».
De hecho, llama la atención sobre lo que interpreta como una ‘hoja de ruta’ de García Ortiz y su equipo para «sortear» a Lastra, al considerar que ella era un «impedimento de acceso a las comunicaciones del abogado de González Amador».
Lamenta que «González Amador había pasado a formar parte en esos momentos del contenido de la política de comunicación del Gobierno de España y del PSOE, en manos de Francesc Vallés y de Santos Cerdán». Y recuerda la sucesión de mensajes de WhatsApp con el entonces líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, y su equipo para dar vuelo al tema pidiendo la dimisión de Díaz Ayuso.
Asegura que se siguió «el plan de presidencia»
Sostiene que, «con idéntica pretensión de construcción del relato» que manifestó García Ortiz, «también se procedió a revelar el contenido y la imagen con todos los datos personales del email de 2 de febrero de 2024 (…) a la Presidencia del Gobierno», a través de la entonces asesora de Moncloa y actual ‘número dos’ del PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera, del que fuera director de comunicación del PSOE, Ion Antolín, y de Vallés.
De ahí, afirma, se filtró a Lobato, del que dice que «sí era plenamente consciente de que el ‘email’ que le habían facilitado para su uso poseía su origen en una revelación efectuada por la Fiscalía». «Para alcanzar ese uso político y que no se identificara el origen en Fiscalía, Sánchez Acera y Lobato acordaron que ese ‘email’ se filtrara y se publicara por los medios», sostiene.
Todo ello, conforme a un «plan de la Presidencia del Gobierno», para el que expone que se usó a elplural.com y que se consumó con éxito cuando Lobato «procedió a verter el deseado relato» en el Pleno de la Asamblea de Madrid del 14 de marzo».
El letrado destaca también que García Ortiz no ha «devuelto» el móvil que usó en aquellos días. Y subraya que si no lo ha entregado es porque «evidentemente» albergaría «el registro detallado de su actividad delictiva».
