El ministro del Interior y José Luis Rodríguez Zapatero coincidieron ayer en pedir un pacto de Estado para combatir la inmigración irregular, de igual forma que se ha hecho en otros graves problemas de España como lo fue en su día el terrorismo Desde que hace justo un mes murieran 15 inmigrantes intentando entrar a nado en Ceuta, las fronteras españolas en las dos ciudades del norte de África se han debilitado enormemente. El constante cuestionamiento de los partidos de la oposición, la Unión Europea y otros organismos ante la actuación de la Guardia Civil ha obligado a Interior a cambiar los medios que se estaban empleando para la defensa fronteriza. Desde entonces, el perímetro melillense ha revivido las grandes avalanchas de 2005, convirtiéndose en la puerta de entrada ilegal para cerca de medio millar de inmigrantes en menos de 11 días. Si se suman los que también entraron en la primera avalancha de enero, y los que han llegado en pateras, la cifra se acerca a los 600 en poco más de dos meses.
La Guardia Civil no tiene la culpa de ello, bastante hace con intentar que no entren más cada vez que hay un intento de entrada irregular con los recursos técnicos y humanos de los que dispone, a pesar de los refuerzos que se han hecho desde mediados del año pasado. La tensión a la que está expuesta en la frontera dura ya muchos meses, pero no ha sido hasta que ocurrió la tragedia de Ceuta cuando se empezaron a escuchar más voces críticas contra la Guardia Civil, entre ellas las del PSOE, que también sabe lo que es afrontar un problema de esta índole al frente del Gobierno.
Hace menos de diez años, cuando Zapatero llevaba apenas uno en La Moncloa, Melilla vivió la peor crisis fronteriza de su historia. La crisis de las vallas, que fue tan dura o más que la de ahora, dejó en la ciudad más inmigrantes en 2005 que en ningún año de los anteriores o posteriores. Y el PP, entonces, no se puso en contra del Gobierno como sí ha ocurrido ahora con el PSOE, pues sus críticas se centraron en lo que estaba siendo una realidad, como era la pasividad de Marruecos a la hora de custodiar la valla. Pero no criminalizó la actuación de la Guardia Civil, como sí ha hecho el PSOE en el Parlamento, donde hace unos días acusó a los agentes de "tirotear" a los inmigrantes que estaban intentando entrar a Ceuta el 6 de febrero. Los socialistas han visto carnaza en este problemón que España tiene encima, y en el que de forma sorprendente tampoco está encontrando por ahora la ayuda de Europa, aun cuando debería haberse involucrado desde hace ya mucho tiempo atrás porque nuestras fronteras no son solo de España, sino del conjunto de la Unión Europea, que es el destino de la mayoría de los inmigrantes que utilizan Melilla como puerta de acceso y trampolín para llegar a otros países.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y José Luis Rodríguez Zapatero coincidieron ayer en pedir un pacto de Estado para combatir la inmigración irregular, de igual forma que se ha hecho en otros graves problemas de España como lo fue en su día el terrorismo. Dejar fuera del debate político el drama humano de los inmigrantes y el complicado trabajo que deben afrontar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que este problema sea "objeto de auténtica política de Estado". El PSOE, que tanto ha defendido lo indefendible con Zapatero años atrás, debería hacer caso a su ex-presidente en este asunto y no seguir la corriente a su errático líder Alfredo Pérez Rubalcaba, que no ha podido caer más bajo al cuestionar de forma partidista la actuación de la Guardia Civil frente a la inmigración clandestina pese a saber muy bien lo que eso conlleva al haber ocupado el Ministerio del Interior durante más de tres años.
