El primer intento de chantaje de la Generalitat de Cataluña al Sr, Rajoy, Presidente del gobierno de España, lo planteó el Sr. Mas en 2012 diciendo que eligiera: pacto fiscal o independencia, a lo que contestó el Presidente del Gobierno que no aceptaba chantajes ni ultimátums. Ahí comenzó el “proces”.
En 2017 el actual Presidente de la Generalitat ha planteado otra alternativa al Gobierno de España: referéndum autorizado por el Estado para votar en Cataluña sobre la independencia o declaración unilateral de independencia. También, lógicamente, lo ha rechazado el Sr. Rajoy diciendo al Sr. Puigdemont que vaya al Congreso de los Diputados, plantee su iniciativa formalmente con arreglo al procedimiento legal para su debate y votación en el ámbito representativo de la soberanía nacional, como lo planteó el Sr. Ibarreche. Pero el Gobierno catalán independentista quiere demostrar, una vez más, que no quiere respetar la legalidad constitucional de España salvo en lo que le interesa, como es su utilización para acceder electoralmente al poder en tal Comunidad Autónoma y ejercerlo a su modo.
Como elemento complementario de este segundo intento de chantaje, el diario El País ha publicado los días 22 y 23 de mayo un borrador secreto de la llamada “Ley de Transitoriedad Jurídica” de Cataluña preparado, aparentemente, por el gobierno de la Generalitat, sin que lo haya desmentido, con la finalidad de regular el paso a la independencia por vía de urgencia y con la fórmula del chantaje incluida: si no se acepta el referéndum pretendido operará, automáticamente, una cláusula de declaración unilateral de independencia.
Con carácter preparatorio, en abril 2017, el Parlament de Cataluña ha reformado su reglamento para que los proyectos de ley puedan ser aprobados en lectura única, directamente por el Pleno, sin necesidad de tramitación previa en la Comisión Parlamentaria, es decir, sin publicación, debate y aprobación previos al Pleno. Este procedimiento de “alta velocidad” pretende, “sorprender” al gobierno de España y al Tribunal Constitucional de modo que en el breve plazo de un día pueda la Camára de Cataluña aprobar esa ley de “desconexión”.
Con esta velocidad procedimental parlamentaria pretenden los independentistas evitar la posible suspensión del TC de la tramitación del proyecto citado, u otro parecido, aprobándolo de modo que la publicación de la ley aparezca en el boletín oficial de Cataluña sorprendiendo al Gobierno del Estado; como un hecho consumado. Evidentemente desde un punto de vista jurídico todo es muy “naif”, nulo e ineficaz, pero prueba la deslealtad institucional y el afán de sortear la legalidad constitucional.
Los partidos nacionalistas-independentistas catalanes tienen problemas internos y creen que planteando este desafío al Estado van a conseguir mayor respaldo social; están equivocados y las últimas encuestas acreditan el rechazo mayoritario ciudadano al independentismo, sobre todo, a medida que se conocen los graves efectos que sobre la sociedad y la economía catalana, con auto exclusión de Europa, produciría la separación pretendida.
Conviene leer el borrador publicado, que refleja la pretensión dictatorial de sus autores, y si llegara hipotéticamente a ser efectivo convertiría a Cataluña en un estado totalitario con limitaciones serias a la libertad individual pues rechaza cualquier crítica u opinión contraria al pensamiento único nacionalista; prevé, a su vez, la censura informativa y controles sobre los ciudadanos.
Pero lo lamentable de tanta deslealtad institucional son los efectos perjudiciales que desde hace tiempo está produciendo a la sociedad catalana, históricamente bilingüe y tolerante, acostumbrada a ser vanguardia cultural y empresarial en España, que está sufriendo desde que se inició la política identitaria nacionalista. El programa de acción política de agitación y propaganda mediática y las manifestaciones masivas recuerdan el método seguido por el partido nacionalsocialista en Alemania en los años de entreguerras. Además siguen esos pasos con el intento de construcción de la identidad del pueblo catalán, invocando la superioridad (incluso ética) de lo catalán (incluido ADN) sobre lo español, al que se califica como enemigo que les roba, etc. La represión de las libertades individuales se comprueba con la persecución inexplicable que realizan a la lengua española, a los partidos no nacionalistas y a quien discrepa del independentismo que se ha apropiado de la enseñanza, de las administraciones locales y hace un uso patrimonialista de la Administración Pública y de los fondos públicos que destina a sus fines partidistas. Sin embargo, parece que, por fin, empieza a reaccionar la sociedad catalana constitucionalista pero, es evidente, que necesitan ayuda, de todo orden, que contrarreste el poder y medios de los nacionalistas.
En resumen, otra vez el nacionalismo contra la libertad.
