A la actual legislatura parlamentaria le resta casi todo el año 2015, entendiendo que el Presidente del Gobierno agotará los 4 años de mandato computados desde la fecha de las últimas elecciones generales, de 20 de noviembre de 2011, aunque tiene la facultad de disolver las Cámaras anticipadamente. En ambas Cámaras el PP tiene mayoría absoluta y habría de aprovechar el tiempo para avanzar en la resolución de los dos principales problemas que preocupan a los españoles según la última encuesta del CIS: el paro y la corrupción. A estos temas debe añadirse la idea de que el proyecto de España necesita del fiel cumplimento del ordenamiento y de las resoluciones judiciales ya que hay Comunidades Autónomas cuyos gobiernos se resisten a cumplir la normativa, y en concreto, el gobierno separatista catalán desafía permanentemente al Estado en los límites presupuestarios, en la especie de consulta sobre la independencia y en el uso de la lengua española en la escuela, que genera discriminación en los derechos e igualdad de todos los españoles.
Estos tres son los asuntos en los que deben concentrarse durante 2015 el gobierno de la nación y el Parlamento, pues avanzar en ellos produciría satisfacción y confianza en el ciudadano, que se sentiría respetado por los actores políticos, sus representantes.
Evidentemente, no queda tiempo suficiente para presentar en las Cortes los proyectos de regeneración democrática que precisa nuestro Estado de Derecho y que tantas veces citamos; por ejemplo, el fortalecimiento de la división de poderes, la independencia efectiva de la justicia, el cambio del actual sistema electoral de listas cerradas, la financiación y la limitación de la actuación de los partidos políticos en la designación de cargos de órganos constitucionales, etc. Tampoco queda tiempo para iniciar el debate de “moda”, pero que no ha demandado la opinión pública, la reforma de la Constitución, para que, como dicen algunos portavoces de partidos, “los separatistas encuentren un cómodo encaje en España”; eso sí no concretan si quieren configurar a España como federación o confederación; ni aportan las características imprescindibles del sistema organizativo elegido en temas como la Seguridad del Estado, Justicia, Hacienda, Igualdad de derechos de los españoles…..
En estas circunstancias, la lógica aconseja dar prelación a los tres problemas citados, que preocupan a los españoles y que se pueden atender en la legislatura que resta.
1.- El paro se puede reducir.
España va a crecer en 2014 en torno al 1,5% del PIB, más que nuestros vecinos europeos, y las previsiones para 2015 de los servicios de estudios de los Bancos, el Ministerio de Economía, la Unión Europea, el FMI y la OCDE….coinciden en que creceremos en tasa, incluso dicen, superior al 2% del PIB. El crecimiento económico es requisito básico para la creación de empleo pero, como tantas veces hemos comentado, se puede hacer más que seguir la inercia de la economía, utilizando la política laboral y fiscal. Es posible estimular a las empresas para que incrementen la contratación laboral mediante la reducción o supresión de cotizaciones sociales y mediante reducción de impuestos. Por supuesto, no hay que reducir el paro creando puestos de trabajo en las Administraciones públicas, como propone algún partido, porque encubre el paro, es una ficción y empobrece nuestra economía que, precisamente, lo que necesita, es la creación de empleos en el sector privado.
2.- Sobre la corrupción.
Hay un consenso absoluto de la opinión pública de que es imprescindible hacer todo lo posible contra la corrupción; el 65% de la población está preocupada y lo considera inadmisible. El PP debe resolver esta demanda social haciendo cumplir la legalidad y estableciendo métodos de gestión e información objetiva y automática de los asuntos públicos de modo que, aquellos gestores públicos (sean funcionarios o políticos electos) insatisfechos con su retribución y con tentaciones, se retiren del servicio público y, en todo caso, tengan difícil aprovecharse de su puesto.
Han sido múltiples las voces que se han levantado contra la corrupción y por la adopción inmediata de medidas de control. El Presidente del CGPJ ha recordado en el Parlamento que se debe hacer una labor preventiva y otra coactiva con el Código Penal. Lo han dicho los jueces decanos de toda España con una propuesta de 58 medidas contra la corrupción. Lo ha dicho el Presidente Rajoy en el Congreso en donde citó 79 medidas, y lo hemos dicho todos los que estamos preocupados con una gestión objetiva, transparente de los ingresos públicos que pagados con gran esfuerzo por todos los españoles, porque es imprescindible que España mejore y alcance estándares de seguridad jurídica y económica propios de una democracia avanzada. Sin embargo, los socialistas no quieren tocar esta materia, urgente y necesitada de solución.
Las medidas legales u operativas necesarias para limitar la corrupción no son muchas ni difíciles; principalmente son métodos de control de gestión, que caben en un cuadro, sencillo y claro, y que todos los ciudadanos podemos comprender. Cualquier entidad auditora puede presentar en una semana uno o más esquemas de control preventivo contable de la contratación pública, del gasto público y de las cuentas de los partidos políticos; asimismo, debe implantarse un control posterior del gasto ejecutado que exige sea realizado de forma inmediata y exhaustiva. El Portal de Transparencia puesto en marcha el 10 de diciembre de 2014 es un primer paso, elemental, pero es un paso que debe ampliar y extenderse a todos los gastos del Estado, Comunidades Autónomas, Municipios y entes subvencionados.
3.- El proyecto de España, como Estado de Derecho, precisa el cumplimiento de las leyes y resoluciones judiciales.
Un Estado de Derecho debe exigir que se cumplan las leyes, porque este requisito es esencial si se quiere convivir en democracia con la población animada en su condición de español. Algunos gobiernos autonómicos, especialmente los nacionalistas, se resisten a cumplir las leyes y resoluciones judiciales; por ello es lógico lamentar la falta de reacción del gobierno de la nación ante el desafío del Sr. Mas “a la consulta”, absurda e inviable en las circunstancias de la Europa actual y tras la doble actuación del TC.
CONCLUSIÓN: Falta un año, 2015, para las próximas elecciones generales y los españoles estamos preocupados principalmente con los problemas del paro, de la corrupción y, con la falta de cumplimiento del ordenamiento y de las resoluciones judiciales. El Gobierno de la nación puede tomar medidas legales y decisiones urgentes pues, además, dispone de mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado.
