Según Bussian, en esta subvención, de unos 9.400 euros, “se pueden encontrar mayores irregularidades” que las que han sido objeto de polémica en las últimas semanas, que afectan a Hassan Mohatar y Mohames Mohand
La sociedad pública Promesa y la Ciudad Autónoma solicitarán sendos informes a sus respectivos servicios jurídicos sobre la subvención solicitada por una empresa que, según asegura Coalición por Melilla (CPM), principal partido del Gobierno local, pertenece al secretario general del PP, Miguel Marín.
A preguntas de los periodistas, el consejero de Infraestructuras, Urbanismo y Deporte, Rachid Bussian (CPM), informó de que la petición de estos informes fue acordada este martes en una reunión monográfica sobre este asunto del Consejo de Administración, solicitada por la formación cepemista.
Según Bussian, en esta subvención, de unos 9.400 euros, “se pueden encontrar mayores irregularidades” que las que han sido objeto de polémica en las últimas semanas, una de las cuales afecta al portavoz de CPM, Hassan Mohatar, y otra al exconsejero de Turismo, Mohamed Mohand, que ha terminado con su cese en el Gobierno.
Bussian argumentó su teoría al señalar que, de las tres subvenciones que han sido objeto de polémica, la abordada en el Consejo de Administración de Promesa este martes “es la única que se ha cobrado” y, además, asegura que Marín participó en la aprobación de las bases de la convocatoria porque formaba parte del Consejo de Gobierno.
Era consejero y diputado, según Bussian
Así, sostuvo que dicha aprobación tuvo lugar a finales de 2014, la solicitud por parte de la sociedad “de la que Marín dispone del 99 %” tuvo lugar en marzo de 2015 y fue concedida en julio, cuando Marín era diputado, consejero y vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma, según Bussian.
Por ello, acusó tanto a Marín como al presidente del PP, Juan José Imbroda, de mentir al respecto porque “dijeron que no era diputado cuando se pidió la subvención”, algo que el consejero cepemista negó al señalar que en el Consejo de Administración de Promesa celebrado el martes se dio “un paso importante” respecto a las fechas.
Bussian cree que “Marín, como mínimo, se debería haber abstenido o inhibido” en la aprobación de las bases de la convocatoria porque “si luego va a participar en ella, prácticamente estaríamos hablando no sé si de prevaricación, tráfico de influencias o cohecho”, algo que “serán las autoridades judiciales quienes deberán determinarlo”.
Dijo que la Ley de Subvenciones y la de Altos Cargos impiden ser beneficiarios de ayudas públicas no solo al alto cargo, sino también a familiares de hasta primer grado de consanguinidad, por lo que “el plan B, si opta por él, también es una irregularidad”, insistió Bussian.
De ahí la solicitud de los dos informes jurídicos como paso previo a una denuncia ante la Fiscalía y la insistencia de CPM de que Marín dé explicaciones, ya que todo ello “choca con el argumento con el que el PP ha atacado a Hassan Mohatar y a Mohamed Mohand”.
