Era una demanda que habíamos repetido desde este mismo espacio de MELILLA HOY de forma continuada una vez que se terminó lo peor de la pandemia del covid-19: las citas previas que se implantaron durante la crisis sanitaria tenían que cesar y así parece que va a ocurrir, aunque, como todo en este Gobierno, sin una fecha concreta. Si no, recuerden el caso de la aduana comercial.
El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, ha asegurado que Ejecutivo pondrá fin “en esta legislatura” a la cita previa obligatoria en las oficinas de la Administración Pública a través de la modificación en la Ley de Procedimiento Administrativo Común. «Para interaccionar con la Administración no hace falta tener una cita previa obligatoria», ha recalcado José Luis Escrivá, durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados.
Este cambio se hará a través de un anteproyecto de ley para modificar el artículo 14 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, una modificación que se llevará «lo antes posible» al Congreso de los Diputados para mejorar la relación entre los ciudadanos y los servicios públicos, según ha indicado el titular de Función Pública.
El fin de la cita previa obligatoria forma parte de un nuevo modelo de la Administración Pública que la cartera de Escrivá quiere impulsar en esta legislatura, como dotar a la Administración General del Estado (AGE) de un lenguaje claro y fácil para el administrado.
La Ciudad Autónoma también debería poner fin a sus citas previas, a todas. Fue una medida que tuvo su sentido durante la pandemia, pero ahora solo sirve para dificultar el acceso de los ciudadanos a los distintos servicios de la administración, tanto central como local en nuestra ciudad.
