El movimiento de Plena inclusión, al que pertenece Aspanies, anuncia la potenciación de la campaña #MiVotoCuenta (www.mivotocuenta.es) dirigida a reivindicar el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual. Denuncian que más de 80.000 españoles no pueden ejercer el derecho al voto en nuestro país por este motivo. La organización considera que se vulnera la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que señala que los Estados deben reconocer y proteger la capacidad jurídica de las personas con discapacidad «en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida».
«Es necesario que el Estado prevea una asistencia adecuada a aquellas personas que lo necesitan, como las personas con discapacidad intelectual, con el objetivo de garantizar en la práctica el ejercicio de sus derechos políticos, como indica el artículo 29 de la citada Convención, asegurando que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar, incluso permitiendo que una persona de su elección les preste asistencia para votar», manifiesta.
La campaña de Plena inclusión #MiVotoCuenta (www.mivotocuenta.es) tiene como objetivo garantizar que los partidos políticos realicen sus programas electorales en lectura fácil, informar de manera accesible cómo es el proceso para ir a votar y solicitar a los organismos públicos que los colegios electorales sean accesibles desde el punto de vista cognitivo, para que las personas con discapacidad intelectual vean garantizado su derecho.
Santiago López Noguera, presidente de Plena inclusión, manifiesta la «profunda frustración» por la sentencia del Tribunal Constitucional contra el recurso de unos padres gallegos a esta prohibición, porque «obstaculiza el acceso a un derecho básico para el ejercicio de la plena ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual». López Noguera considera urgente la modificación de la Ley Electoral, «para resolver de una vez por todas esta situación de vulneración y evitar la lucha individual de tantas personas en la revisión de sus sentencias judiciales en las que se les retira el derecho al voto».
Españoles sin derechos
Más de 80.000 personas con discapacidad intelectual, que cuentan con una sentencia judicial de incapacidad total, no pueden votar. La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) sigue sin modificarse pese a la advertencia de Naciones Unidas. En 2008, el Estado español ratificó la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que obliga a cambiar la ley electoral bajo la premisa de que «ninguna persona por razones de discapacidad puede ser privada de este derecho fundamental».
Tres años más tarde, en 2011, la ONU examinó a España para comprobar el nivel de adaptación de más de 90 normativas a la Convención y advirtió al entonces Gobierno socialista de que no había hecho los deberes en materia electoral. En octubre de 2013, la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad solicitar al Gobierno que elaborara una propuesta de reforma electoral en el plazo de seis meses. Sin embargo, dos años después, del Ejecutivo de Mariano Rajoy no ha salido ningún informe al respecto.
«Es una anomalía de nuestra democracia, que la hace más débil y más deficitaria. A miles de personas se les niega el derecho más básico de todos, el de votar, por tener una discapacidad», ha denunciado el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno.
Asimismo, ve «decepcionante» que la clase política, «en el peor sentido de la palabra», consienta esto «sin mayor escándalo y sin hacer nada para subsanarlo». El CERMI avisa de que va a ser «absolutamente intransigente» y a fiscalizar «lo que se haga y lo que no se haga» para que el derecho de sufragio sea universal, que ahora y «discrimina por razón de discapacidad». Recientemente, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, se comprometió en el Congreso de los Diputados a promover la reforma de la Ley Electoral «para que la regla sea reconocer el derecho de voto a las personas con discapacidad en nuestro sistema electoral».
