El médico internista y radiólogo Mariano Remartínez Buera está luchando por su clínica y por su vocación, la médica, que lleva ejerciendo en Melilla más de 50 años. Lo primero que llama la atención cuando uno se acerca a su clínica a recoger la hoja de firmas en su apoyo, es la veneración y cariño que sienten por él sus ocho trabajadores.
Mariano Remartínez solo pide que se respete el resultado del concurso público de prestaciones y servicios diagnósticos, en el que el Ministerio de Sanidad dictaminó en Madrid que el Scanner y Tomografía Computerizada de Melilla, era la mejor opción y la más asequible, en septiembre de 2015. A pesar del apoyo que recibe a cada paso que da, a veces no puede evitar cierta depresión. A sus años podría estar al margen de todo esto, pero mantendrá su vocación sanitaria hasta el último momento, como le prometió a su padre.
Para quien piense que estos contratos son una lluvia de oro, aclararemos que la Administración Pública paga casi lo justo para el mantenimiento de las instalaciones, y aquilata hasta el límite los precios de cada acto diagnóstico. El resultado del concurso, vigente entre 2015 y 2017, establecía una aportación máxima que no puede sobrepasarse en modo alguno. El adjudicatario del concurso debe pagar a los trabajadores y operarios, el mantenimiento y cuidado de las instalaciones, los equipos y las pruebas diagnósticas, están tasadas entre 9€ y 115€, y también tienen límite, que en caso de sobrepasarse, no serán abonadas. El propio INGESA (Instituto de Gestión Sanitaria) reconoció hace días, que le era menos oneroso y cómodo el concertar estas pruebas con clínicas privadas, que dotar y mantener equipos propios, en referencia a la Resonancia Magnética y al Ortopantomógrafo.
La anulación de un Concurso Público
Las Clínicas radiológicas de Mariano y Enrique Remartínez, habían sido las adjudicatarias del concurso prestaciones concertadas con Ministerio de Sanidad. Una denuncia de "terceros" por presuntas irregularidades urbanísticas, pide la revocación de la adjudicación. La denuncia se presentó ante la Consejería de Fomento, que dio un plazo a ambas clínicas para subsanarlas, pero sin especificar en principio de cuales se trataban. La orden de Fomento es recogida por la Consejería de Sanidad de Melilla, que solicita la paralización de la adjudicación de modo directo ante las autoridades del Ministerio de Sanidad en Madrid. La revocación de la decisión tomada en septiembre de 2015 se produce justo un año después, en septiembre de 2016, por el mismo departamento que avaló la competencia de ambas clínicas.
Mientras tanto, y ante de que las Clínicas radiológicas pudieran subsanar las "presuntas deficiencias urbanísticas", desde la Consejería melillense de Sanidad y a través de la Dirección Provincial del INGESA, se solicita un dictamen al Consejo de Estado, que avale la revocación del Concurso, cosa que efectivamente hace en septiembre de 2016. Hay que decir que todas estas decisiones están recurridas antes los respectivos y correspondientes juzgados de los Contencioso y ante las áreas administrativas mencionadas.
Las irregularidades urbanísticas
Las más llamativas de las irregularidades que motivaron la suspensión dela adjudicación son el exceso de 8 cms. en la rampa de acceso para personas con discapacidad, y el exceso en 3mm en la elevación del espejo del aseo para minusválidos. La objeción técnica más acorde con el fin médico era la instalación en el sótano del Ortopantomógrafo, de la clínica de Imagen Diagnóstica de Enrique Remartínez. Esto se hizo así porque el criterio en el momento de su construcción era ese, para evitar la posible exposición de pacientes a radiación indeseada. Todas estas deficiencias fueron corregidas, pero el Consejo de Estado y la Dirección Nacional del INGESA dictaron su resolución sin esperar a su subsanación. Igualmente decimos que todas estas decisiones están recurridas.
Hemos repasado y leído las exigencias imprescindibles del Consejo de Seguridad Nuclear para "La seguridad y protección radiológica de instalaciones médicas de rayos X para diagnóstico" y pensamos que las instalaciones los doctores Remartínez las cumplen a rajatabla, en caso contrario carecerían de la correspondiente licencia sanitaria. Las instalaciones, la oferta de aparatos y las condiciones económicas eran las mejores, según el Ministerio de Sanidad. Así pues, lo que está en juego en Melilla es algo que no se dice.
Melilla al borde de la crisis sanitaria
El estrangulamiento económico es tan severo, todas las compañías privadas excepto DKV, Sanitas y Mapfre, les han retirado de su catálogo de prestaciones, que están saliendo adelante con recursos propios, en espera que los tribunales les den la razón, con reducción de costes, y reducción de precios de los diagnósticos al mínimo posible, casi al mismo que paga el INGESA.
La presencia del radiólogo es imprescindible en determinadas pruebas, porque es él quien decide la implementación de la prueba con una "difusión" o un "contraste", junto al técnico operador del aparato. La presencia del radiólogo tiene un coste, que muchas compañías pretenden ahorrarse con la emisión del informe de la prueba por parte de otro radiólogo no presente en la misma. Esto es legal, salvo que el radiólogo que firme la prueba esté trabajando para la Seguridad Social, en cuyo caso incurriría en incompatibilidad.
El posible cierre de una o ambas clínicas incrementaría la aproximación al estado crítico sanitario al que nos acercamos, con la perenne paralización de las obras del nuevo Hospital, y la pérdida de no de los mejores radiólogos de Europa, en el decir de muchos. Un radiólogo necesita estar en formación y actividad constante, y si no tiene pacientes queda desfasado, deja de estar en vanguardia. Enrique Remartínez podría tener trabajo en cualquier lugar del mundo en el momento que quisiera. Si no se le permite ejercer su profesión, podría irse de la ciudad, como ya han hecho otros especialistas. No hay nada más, pese a que los bulos y redes sociales arden entre acusaciones variopintas y decididos y merecidos elogios hacia su trabajo.
