El portavoz de Populares en Libertad (PPL), Julio Liarte, reclamó ayer en el Pleno de Control que el Ejecutivo de Imbroda apruebe un código de buen gobierno para que la gestión pública de la Ciudad Autónoma esté sometida a criterios éticos por parte de sus responsables. Sin embargo, el Gobierno local reprochó a Liarte que pida a los demás ética cuando, según dijo, su conducta a lo largo de los últimos años demuestra que el propio portavoz pepeelista no comulga con el ejemplo. De este modo, el vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma, Miguel Marín, recordó que Julio Liarte cobró a las arcas municipales 8.605 euros de sus clases privadas de inglés, por lo que quiso saber si el portavoz pepeelista piensa devolver a la Administración local ese gasto particular. Marín explicó ayer, durante el Pleno de Control, que Liarte estuvo durante tres años recibiendo clases de inglés en una academia privada en su etapa de director general de Fondos Europeos de la Ciudad Autónoma. Las facturas ascendieron a un total de 8.605 euros que el actual portavoz de PPL no pagó de su bolsillo, sino que pretendió que fueran abonadas con dinero público.
Hay que recordar que este capítulo ya salió a la luz hace casi tres años cuando el presidente melillense, Juan José Imbroda, durante otro Pleno de Control, apuntó que Liarte había “engañado al Gobierno local diciendo que las clases [de inglés] las iba a pagar Europa y Europa ha dicho que no, que teníamos que restituir” ese gasto del entonces director general, lo que obligó a la Ciudad Autónoma a tener que afrontar el pago de las facturas, que entonces se elevaban a 3.300 euros.
Miguel Marín elevó ayer la cuantía de las facturas a 8.600 euros y sacó los papeles en su bancada, donde preguntó al pepeelista si piensa devolver el dinero que cobró a la Ciudad Autónoma siendo “un gasto particular que ha imputado a las arcas públicas”. A juicio del vicepresidente, esto demuestra que Liarte “ética no tiene ninguna”, aunque dejó claro que no es el único ejemplo que lo deja en evidencia.
Otros ejemplos
Así, explicó que cuando Liarte era gerente de la sociedad pública Promesa, cobró por ese cargo un sobresueldo además de su nómina como funcionario. Ya en su etapa como político, “en el minuto uno” después de haber jurado el cargo como diputado de la Asamblea, Julio Liarte “fue a pedir un sueldo como su primera actuación”. “Ésa es su ética”, siguió reprochando Miguel Marín al portavoz de PPL al recordar que actualmente cobra incluso 20.000 euros más que los vicepresidentes del Gobierno local como asesor del Grupo Parlamentario al que pertenece, es decir, únicamente “por asesorarse a sí mismo”.
Por ello, Marín rechazó las clases de ética de Liarte, del que dijo que “bebe de la fuente” del presidente de PPL, Ignacio Velázquez, que está inhabitado tras ser doblemente condenado por los tribunales de Justicia.
Código de buen gobierno
En su intervención, Miguel Marín reprochó a Liarte su escasa confianza hacia los funcionarios de la Ciudad Autónoma por decir que si PPL llegara a gobernar, no dejaría que los empleados públicos municipales formaran parte de los tribunales de oposiciones, sino que éstos los formarían funcionarios de la Administración General del Estado para dotar a las convocatorias de una mayor transparencia.
A juicio del Ejecutivo local, esta propuesta de PPL deja muy a las claras que dicho partido “acusa a los funcionarios de la Ciudad Autónoma de no actuar de buena fe y amañar las oposiciones”. “No se fía de los funcionarios de esta Casa, pero nosotros sí y mientras sigamos gobernando, vamos a seguir confiando en ellos porque trabajan de manera honesta y honrada”, respondió Marín.
Esta propuesta de PPL sobre los tribunales de oposiciones forma parte de un paquete de medidas que, a juicio de este grupo minoritario, debería ser la base de un código de buen gobierno que pidió al Ejecutivo que lleve a cabo de cara al futuro contra la corrupción, al igual que han hecho otras administrativas autonómicas y municipales en otros lugares del país, gobernadas incluso por el PP. A juicio de PPL, es necesario “para restituir” la confianza de los melillenses en las instituciones.
Marín descartó ese planteamiento de Liarte al afirmar que “no hay mejor código de buen gobierno que el cumplimiento estricto de la Ley, y eso es lo que hace este Gobierno”.
De esta manera, Marín rechazó las acusaciones de corrupción e irregularidades que puso sobre la mesa Liarte al recordar que hay varios miembros del Ejecutivo local que están imputados por la Justicia. El vicepresidente primero de la Ciudad Autónoma insistió en que todos esos procedimientos se deben a errores administrativos: “Aquí no hay corrupción, nadie se lleva un euro para enriquecerse ilícitamente. Aquí hay gente honesta y honrada que trabajan día a día por el bien de los melillenses”, puntualizó.
Por todo ello, se mostró convencido de que el tiempo demostrará que todos los casos que hay abiertos “van a quedar en nada”. “Siempre hemos actuado conforme a Derecho y a la Ley”, reiteró Marín tras lamentar las injurias y calumnias que, según dijo, están recibiendo los miembros del Gobierno desde el año 2000 por cuestiones como las recomendaciones que cada año hace el Tribunal de Cuentas no solo a la Ciudad Autónoma, sino a todas las instituciones públicas.
Respecto a la Operación Ópera, también mencionada por Liarte en la segunda interpelación de PPL, Marín subrayó que detrás de este caso hay “ruido” formado por la oposición pero tras abrirse la primera parte que estaba bajo secreto de sumario, “no hay nada”. “Estamos convencidos de que no habrá nada. No hay corrupción, hay discrepancias sobre cuestiones administrativas”, reiteró.
