Un 27 de octubre de 2013 los melillenses Emin y Pisly fallecieron a tiros por tres miembros de la Marina Real de Marruecos frente al cabo de Punta Negri, que masacraron la lancha neumática en la que navegaban. Desde entonces, sus familiares y amigos, se concentran todos los días 27 en la puerta del Palacio de la Asamblea para pedir justicia. Justicia que, siete años y siete meses después, siguen esperando. Después de catorce meses, que por los motivos sanitarios impuestos por la pandemia no han podido concentrarse, al no permitirse las reuniones superiores a cuatro personas, los padres y allegados de Emin y Pisly, han vuelto a reunirse en la puerta del Palacio de la Asamblea, “como todos los días 27, desde hace siete años y siete meses”, para reivindicar una solución al tiroteo que sufrieron estos chicos el 27 de octubre de 2013 que acabó con sus vidas.
Abdeslam Ahmed, padre de Pisly, agradeció a los medios su presencia e indicó que “todos los años nos han acompañado representantes del Gobierno local, aunque hoy no vemos a ninguno. Desconocemos si es que no les ha llegado la noticia o se han acomodado ya en los sillones y no han querido salir”, donde manifestó que “en estos días, tras la polémica generada con Marruecos, hemos pensado, tanto Dris como yo, que sería el momento idóneo para poner nuestro caso sobre la mesa y volver a pedir explicaciones a Marruecos, sobre qué paso aquel 27 de octubre de 2013 con nuestros hijos”, “por lo que aquí seguiremos estando, gobierne quien gobierne y seguiremos pidiendo justicia para ellos”, puntualizaba.
En este sentido, Dris Mohamed, padre de Emin, se dirigió directamente a los políticos locales, exigiendo que “se cumplan las promesas de ayuda, tanto morales, como económicas y de conocimiento sobre lo ocurrido, que se les hizo en su momento y que después de estos casi ocho años, nadie se ha brindado, ni se ha hecho nada para resolverlo”. “No tenemos nada en contra de Marruecos. Sólo espero que juzguen a los tres individuos que asesinaron a nuestros hijos y que nos expliquen por qué lo hicieron“, aclaró. “La causa judicial se archivó por la fiscalía general del Estado y hemos recurrido al Constitucional y continuaremos trabajando hasta el final, con nuestros abogados, por esta lucha”.
