Antes de irse a Washington, donde venderá su imagen de futuro presidente del Gobierno español, si así lo quieren los votantes en las próximas elecciones generales, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, siguió los pasos de Rodríguez Zapatero, cuando propuso al entonces presidente Aznar un pacto antiterrorista que, como se sabe, desencadenó una eficaz ofensiva judicial contra el entorno político de Eta (ilegalización de Batasuna en 2003) y fue el principio del fin de la banda armada.
No diría yo tanto en este caso, frente al común enemigo del yihadismo islámico y el alcance de su desafío, que no es doméstico sino global. Tampoco me atrevería a apostar por la eficacia de las medidas, por ahora solo sugeridas en un plan secreto aplicado por el Gobierno Zapatero en 2010 y en las doce enmiendas del PP a la reforma del Código Penal. Las referidas exclusivamente al terrorismo islámico que, de ese modo, salen de esa tramitación parlamentaria para integrarse en una proposición de ley que dentro de un mes presentarán conjuntamente los grupos parlamentarios del PP y el PSOE.
Decía que no me atrevería a apostar por un éxito del nuevo pacto, comparable al firmado en su día por Aznar y Zapatero (diciembre 2000) porque, aunque el fanatismo de las patrias se iguala al de las religiones en la dispensación del terror, son muy diferentes otras circunstancias como la escala, el alcance, el número de países implicados y la transversalidad política.
En todo caso, vamos a esperar a que los primeros contactos entre socialistas y populares, que deberían incorporar de algún modo al resto de las fuerzas políticas, empiecen a darnos pistas sobre la orientación de esas medidas. De momento solo cabe saludar la predisposición de los dos grandes partidos a entenderse en un asunto de Estado y permanecer atentos a la reacción de otros, especialmente los emergentes. En ese sentido, la iniciativa de Pedro Sánchez, que telefoneó al presidente Rajoy el martes a mediodía para proponerle el pacto, obligará a que Podemos tenga que retratarse en relación al recurrente debate de fondo sobre el binomio libertad-seguridad.
Es lógico que suenen las alarmas en defensa de la libertad cuando se trata de reforzar la seguridad. Pero no deberíamos afrontar el debate con el prejuicio de que nuestro sistema, asentado sobre una democracia básicamente sana, quiere amargar la vida a los ciudadanos con la excusa de protegerlos. Es un temor de baja percepción en el sentir de las opiniones públicas de la parte civilizada del mundo, la que hace profesión de fe en los derechos humanos y las libertades individuales.
No se trata de recortar libertades sino, justamente de lo contrario, de garantizarlas. Y eso no tiene por qué suscitar dudas entre quienes hemos aprendido en esta parte del mundo que libertad y seguridad son inseparables, como la sartén y el mango. Dos términos de una misma ecuación.
