Carta del Editor MH, 3/4/2024
Enrique Bohórquez López- Dóriga
Dando un último repaso a los años 1999-2004 de mi libro Historia vívida de Melilla, Tomo II, leo que el 20 de julio de 1999 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía condenó el boicot del Gobierno de la Ciudad por lo de la no publicidad institucional en el MELILLA HOY, nos reconoció “el derecho a ser indemnizados” y condenó a pagar las costas “a la parte demandada”. Fue un gran triunfo para la justicia y la libertad de expresión en Melilla, escribí entonces, y repito ahora.
El día siguiente un Editorial nuestro titulaba: ”Una sentencia ejemplar y de enorme importancia. El poder, por mucho que pueda ser en un determinado momento, no puede vulnerar impunemente los Derechos Fundamentales, ni puede negar impunemente, como hizo el gobierno local presidido por Palacios, la publicidad oficial a un periódico que es, como la sentencia del TSJA recoge y repite, el de mayor difusión de nuestra ciudad”.
No han variado demasiado las cosas, ni en España en general ni en Melilla en particular, 24 años después de aquello que escribimos.
Pasa hoy en España que la Radio Televisión Española (RTVE) “es un servicio público, no un ente al servicio de Moncloa y que la degradación de RTVE cercena un derecho fundamental para la ciudadanía como es el del acceso a la información” (Editorial de El Mundo, el 27 de marzo).
¿Cuáles son los anticuerpos democráticos, para evitar que la moribunda Melilla termine muerta?: la sociedad civil, que en Melilla -cuya composición poblacional ha cambiado profundamente en los últimos 39 años- es hoy profundamente pesimista
Un artículo de Cuartango, el 30 de marzo, en ABC, iba por la misma línea. Su titular: “RTVE condenada a una crisis permanente” y una conclusión, “no tiene sentido que el Estado financie RTVE”. Si cambiamos una palabra, España, por Melilla, el titular -la televisión pública de Melilla está condenada a una crisis permanente, y sin solución- y la conclusión – no tiene sentido que el Gobierno de Melilla siga financiando, con más de 4,5 millones de euros anuales a la políticamente manipulada televisión pública melillense- es válida también en nuestra ciudad.
Como lo son, ciertas, otras de las conclusiones de Cuartango: en la televisión pública, de Madrid y de Melilla, hay buenos profesionales, lo que falla es el sistema. Sin democracia, o con una democracia menguante -como la de España, Melilla incluida- y sin libertad de expresión real, es imposible evitar el mal uso del dinero público que -como dicen los socialcomunistas, incluyendo en ese concepto a muchos medrosos del PP –recordemos que Melilla es una ciudad económicamente comunista, casi todo es público– tal dinero, que nos obligan pagar a todos, no es de nadie, pero lo manejan -en general muy mal- los políticos gobernantes, cuyos méritos provienen más de la sumisión al jefe y al partido que del conocimiento y la eficacia en el manejo de tales recursos públicos.
Una demostración palpable, una más, del mal uso de los recursos públicos: la situación médica en Melilla, que es espantosa. Si Melilla fuera una Autonomía, junto con Ceuta -porque otra posibilidad, mejor o menos mala, no existe- un organismo como la ineficaz INGESA, que solo está para la Sanidad de Melilla y Ceuta, dejarían de existir y con ello cabría la posibilidad de que un gravísimo problema, el mal tratamiento de la salud de los ciudadanos, tuviera alguna esperanza de salvación. ¿ Ven algún intento gubernamental melillense de intentar avanzar en ese camino de integrarnos constitucionalmente en España? No lo pueden ver…porque no existe ni siquiera eso tan tenue de “intentar”.
Ese es el papel de los medios de comunicación libres e independientes, y la publicidad institucional, es una obligación de los gobiernos democráticos, no es ninguna “subvención”, ni debe ser ningún camino para cercenar la libertad de expresión y de pensamiento, sin las cuales es imposible que exista una sociedad civil fuerte y el consiguiente progreso
¿Cuáles son los anticuerpos democráticos, para evitar que la moribunda Melilla termine muerta?: la sociedad civil, que en Melilla -cuya composición poblacional ha cambiado profundamente en los últimos 39 años- es hoy profundamente pesimista sobre la posibilidad de cambiar, de simplemente “hacer”. Ese es el papel de los medios de comunicación libres e independientes, y la publicidad institucional, es necesario insistir en ello, es una obligación de los gobiernos democráticos, no es ninguna “subvención”, ni debe ser ningún camino para cercenar la libertad de expresión y de pensamiento, sin las cuales es imposible que exista una sociedad civil fuerte y el consiguiente progreso.
