La responsable de la Gestora de CSI-F, Carmen Sánchez-Rando, afirmó ayer que se había utilizado su firma sin su consentimiento para difundir entre los distintos despachos del Palacio de la Asamblea un escrito en el que se lanzan acusaciones sobre miembros del gobierno local, aunque no quiso dar detalles sobre su contenido. Según defendió la sindicalista, se trata de un documento que “no había visto nunca” y que ya ha denunciado ante la Jefatura Superior de la Policía, ya que supuso que alguien está tratando de perjudicarla a ella o a su sindicato. La presidenta de la Gestora de CSI-F, Carmen Sánchez-Rando, denunció ayer ante los medios de comunicación un presunto delito de falsedad documental. Expuso que se había utilizado su firma sin su consentimiento para difundir un escrito que, según remarcó, “no había visto nunca”. Así, explicó que alguna persona lo hizo llegar a varios despachos del Palacio de la Asamblea “pasándolo por debajo de las puertas”.
Sánchez-Rando relató que alguien recortó su firma de otro documento oficial aprobado por ella y, tras escanearla, la incluyó en el texto. Este documento llevaba por título ‘Contrataciones de familiares de los integrantes del Gobierno de Juan José Imbroda, amigos y activistas de PP-UPM Melilla’.
Aunque la responsable de la Gestora de CSI-F aseguró que no terminó de leer el escrito de cinco páginas, aseguró que le parecía “muy fuerte” que apareciese “dos días después de empezar la campaña sindical”. Según declaró Sánchez-Rando, alguien empleó su rubrica con el fin de “enfrentarnos a la Administración”, a pesar de no tener claro si se trata de “un tema sindical o un tema personal”.
La sindicalista, tras tener conocimiento de este escrito, acudió el pasado día 13 de octubre a la Jefatura Superior de la Policía de Melilla para denunciar los hechos. En el atestado se recoge que la carta había llegado a distintas oficinas de la Ciudad Autónoma, e incluso al presidente de Melilla, Juan José Imbroda. Según aclaró Sánchez-Rando, se reunió con la viceconsejera de Administraciones Públicas, María Ángeles Gras, quien le manifestó que dicho documento ya se trató de difundir de forma anónima hace más de un lustro, por lo que reconocía que ella no era la auténtica firmante.
Además, la presidenta de la gestora sindicalista subrayó que en el texto se nombraba a personas que habían fallecido, cambiado de cargo o retirado de la política. “No tiene razón de ser”, opinó sobre su contenido, sobre el que no quiso aportar más detalles. Por su parte, Sánchez-Rando también destacó que la Policía se está “tomando mucho interés” en este asunto, por lo que esperaba que pudieran acceder a las grabaciones del Ayuntamiento o analizaran las huellas dactilares de los documentos para identificar al autor de esta presunta falsificación.
