“La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias es una pieza fundamental en la lucha contra el terrorismo yihadista”. Esta afirmación la hizo ayer el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante su conferencia. A lo largo de su intervención, puso en valor la intensa actividad de prevención y de control de la radicalización islámica que la Administración Penitenciaria viene desarrollando en los últimos años, “prestando, desde sus competencias, una atención permanente y responsable a la gran amenaza del yihadismo, el terrorismo del siglo XXI”.
Fernández Díaz subrayó que las medidas contra el terrorismo yihadista en el ámbito penitenciario son esenciales porque aunque en los últimos tiempos la captación y radicalización de adeptos al terrorismo yihadista se ha desplazado en buena medida a Internet y a las redes sociales, “los centros penitenciarios continúan siendo espacios que favorecen los procesos de radicalización y reclutamiento”.
Por ello, Instituciones Penitenciarias está desarrollando “una notable labor”. Y como ejemplo de este quehacer, el ministro del Interior destacó las actuaciones derivadas del Nuevo Programa para la Prevención de las Radicalización en los Centros Penitenciarios, “que incorpora prácticas novedosas introducidas por otros países y adapta nuestra respuesta a las características concretas de la radicalización yihadista”.
“Para dejar claro que Islam y radicalismo no son sinónimos, hay que señalar que en el total de internos de religión musulmana representa un pequeño porcentaje quienes muestran indicios de estar sometidos a captación o radicalización”, afirmó el ministro en su intervención.
Una labor clave para la política de seguridad
Por este trabajo de seguimiento y especialización en el fenómeno yihadista, el ministro felicitó al personal de Instituciones Penitenciarias, una administración “moderna y eficaz” integrada en España por 68 centros de régimen cerrado, 2 establecimientos psiquiátricos y 13 centros de inserción social. Tiene una población reclusa cercana a las 56.000 personas y una plantilla superior a los 24.000 funcionarios.
El ministro del Interior resaltó el descenso de la población reclusa: ha pasado de 59.872 a finales de 2011 a 56.373 internos en abril de 2015; es decir, ha bajado en 3.529 internos en 3 años y cuatro meses. También ha destacado de esta legislatura la erradicación de incidentes graves en las cárceles, “gracias a una adecuada política de redistribución de internos y de un eficaz desarrollo de medidas de seguridad”.
Desde la perspectiva socio-sanitaria, el ministro del Interior afirmó que se ha potenciado la actuación sobre los reclusos con problemas de drogadicción mediante la creación de 10 nuevas Unidades Terapéuticas Educativas; se ha avanzado en la implantación de la Telemedicina, generando un gran ahorro en desplazamientos y en el empleo de efectivos de las FCSE; y se ha asegurado la equidad en el acceso a nuevas terapias contra la hepatitis C, mediante la integración de la Secretaría General en el Comité Institucional de la Estrategia Nacional para esta enfermedad.
