No deja de ser curioso y sintomático que a los que exigimos el cumplimiento de las leyes en la frontera se nos acuse de criminalizar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Peor manipulación aún es, la de los que se envuelven en el uniforme, para ponerse al servicio de los políticos de Madrid contra la observancia estricta de la legalidad y el respeto a los derechos humanos. Porque no hay mayor honor para los servidores públicos que el acatamiento de las leyes y el compromiso con los derechos de los ciudadanos.
Y cuando éstos –los manipuladores- demandan un cambio de legalidad, están reconociendo de facto que han incumplido e incumplen el ordenamiento legal.
Lo que sí que denunciamos, y con todo el énfasis del que somos capaces, es la política de la cúpula del Ministerio en la problemática fronteriza. De una parte porque pensamos que se incumplen las leyes españolas, las europeas y las internacionales. De otra porque no se ponen los medios –humanos y técnicos- necesarios para una correcta gestión fronteriza. De una tercera porque se quiere dar una respuesta militar a una situación de crisis humanitaria. Y por fin porque se induce a los cuerpos de seguridad a la realización de posibles actos de prevaricación y contra los derechos individuales de las personas.
Y esta denuncia tiene nombres y apellidos concretos. No hacemos apelaciones genéricas a ningún colectivo. Un ministro incapaz, Fernández Díaz, y un director general, Fernández de Mesa, inepto e ineficaz, enchufado de Rajoy. Casta política que viven de eso desde el año 1977. Y que esconden su responsabilidad detrás de los uniformes de sus subordinados, sin proponer ni explicitar ninguna medida que ayude a la solución de los problemas. Ayudados por las autoridades de Melilla que son negligentemente inútiles en aportar ninguna solución.
