El Gobierno de Melilla cree que es posible legalmente que se puedan declarar como Obligación de Servicio Público (OSP) las líneas aéreas que conectan la ciudad autónoma con Málaga y Madrid, las más importantes y demandadas en el aeropuerto melillense, para establecer unos límites máximos en el precio del billete.
El consejero de Hacienda, Daniel Conesa, así lo ha afirmado durante la celebración del primer Pleno de Control al Gobierno de esta legislatura, en el que el transporte ha protagonizado una de las ocho interpelaciones a las que ha tenido que responder en total el Ejecutivo melillense, presentada, en concreto, por Coalición por Melilla (CPM).
Así, la portavoz cepemista, Dunia Almansouri, ha planteado al Gobierno de la Ciudad Autónoma si estaría dispuesto a un cambio en el sistema de bonificaciones actual, por el que Melilla es uno de los cuatro territorios de España, junto a Ceuta, Canarias y Baleares, donde el Estado subvenciona los precios del billete a los residentes en un 75 %.
Almansouri ha justificado la necesidad de “cambiar radicalmente el sistema de bonificación por otro de precios máximos tasados que permita saber cuánto cuesta un billete” de avión con origen o destino Melilla en cualquier momento, independientemente del momento en el que se compre.
CPM defiende esta opción debido al “efecto perverso” que se da con el sistema de bonificaciones y que “solo beneficia a aerolíneas y navieras” por el encarecimiento del precio que se ha dado, especialmente desde que en 2018 se incrementó del 50 % al 75 %, provocando que Melilla se haya convertido en “una ciudad prohibida” para el turismo por el alto coste del transporte para no residentes.
En este punto, Almansouri ha cifrado en unos 50 millones de euros la facturación de las compañías aéreas y marítimas con el transporte de los melillenses, ya que el Estado paga 43 millones anuales en bonificaciones, a los que se debe añadir el 25 % restante que pagan los residentes, “sin contar con los billetes de los no residentes”, de modo que “Melilla es rentable” para esas empresas.
Conesa ha coincidido con CPM en el “efecto indeseado” que ha provocado el aumento de la bonificación, motivado por una mayor demanda que, a su vez, produce una subida de los precios, tal y como reflejan algunos informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Sin embargo, ha defendido que la bonificación debe seguir aplicándose porque “sería un error renunciar a ella” y “fue un gran logro, que sigue siéndolo”, habida cuenta que permitió rebajar de manera sustancial el precio de los desplazamientos a los residentes, de ahí que haya abogado por aplicar “medidas correctoras” para que no se produzca esa “distorsión del objetivo” inicial.
OSP, “fórmula eficaz”
El consejero ha explicado que el PP incluyó en su programa electoral la apuesta por la declaración de la Obligación de Servicio Público (OSP) como “una fórmula eficaz” para conseguirlo, algo que ya sucedió en 2018 con las líneas que conectan Melilla con Almería, Granada y Sevilla, lo que permitió recuperarlas y establecer tarifas máximas.
Los populares apuestan por emularla en las líneas aéreas de Málaga y Madrid porque creen que se da una de las circunstancias que recoge la normativa europea que regula las OSP, en concreto “cuando las condiciones del mercado no garantizan una calidad y precio que permita la continuidad territorial y el desarrollo económico y social”.
Según Conesa, eso les permitiría “avanzar” en ese objetivo de declarar OSP las dos líneas estrella del aeropuerto de Melilla, por lo que ha avanzado que la Ciudad Autónoma, cuando se conforme el Gobierno central, solicitará que se inicien los estudios para proceder a esa declaración OSP a la mayor brevedad posible para que tengan “tarifas asequibles para todos”.
Conesa ha aprovechado esta interpelación para poner de relieve “el salto cualitativo enorme” que ha experimentado el transporte aéreo y marítimo en Melilla desde el año 2000 por “el trabajo incansable y permanente del PP en el tema de as comunicaciones”, de ahí que haya sido rotundo al dejar claro que “los logros no se pueden hurtar”.
A pesar de que “se ha logrado mucho”, ha reconocido que “hay que mejorar”, y se ha referido, por ejemplo, a la licitación del próximo contrato marítimo de servicio público, en el que el Gobierno de Melilla aspira a que recoja tarifas más bajas, una extensión de la bonificación por residencia al embarque el vehículo, más calidad en los buques y recuperación de frecuencias perdidas.
En cuanto al transporte aéreo, a la espera de que se produzca un aumento de la operatividad con la ampliación horaria, Conesa ha dicho que “hay que plantear de manera seria para el próximo año” otras mejoras como la ampliación de la pista y nuevos sistemas de aproximación.
También se ha referido a la bonificación del transporte de mercancías cuyo Real Decreto fue aprobado hace varios meses por el Gobierno central y sobre el que “hay un acuerdo generalizado en Melilla de que su sistema de ayudas está bastante alejado de las necesidades para compensar los mayores costes” y que se ha convertido en una “medida bastante nula”.
En definitiva, “mejorar en muchas cosas que, dentro de ese conjunto de medidas, ayuden a que el precio sea menor y permita el desarrollo turístico de la ciudad”, algo para lo que el Gobierno de Melilla ha puesto en marcha los nuevos bonos turísticos, con una inversión de 5 millones de euros, que “tendrá una importante influencia en el desarrollo turístico” de la ciudad.
