El Gobierno de Melilla desmintió ayer que el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas (TCu) al ejercicio económico de la Ciudad Autónoma del año 2012 refleje pagos indebidos a Getyr, la empresa que colabora con la Consejería de Economía y Hacienda en la recaudación de tributos, ya que esa “imprecisión” fue corregida en el informe definitivo tras una alegación de la Administración local. Así lo apuntó ayer el consejero de Economía y Hacienda, Daniel Conesa, que salió al paso de las críticas que el día anterior lanzó el secretario general del PSOE local, Gregorio Escobar, al que acusó de “indecencia política” por mentir o utilizar “medias verdades” en su valoración sobre el informe de fiscalización del TCu. En su rueda de prensa, Conesa se refirió concretamente al hecho de que Escobar señalara presuntas irregularidades en el informe de fiscalización del TCu, aspecto que según el consejero es una media verdad porque en el informe de fiscalización de los años 2010 y 2011 se indicaba un supuesto “pago indebido” a Getyr de 216.000 y 639.000 euros, respectivamente. En el informe de 2012 se volvía a repetir esa apreciación del TCu por otro pago de la Ciudad Autónoma a la empresa colaboradora de gestión de tributos, esa vez 889.000 euros.
Para Conesa, el hecho de que el TCu apuntara un “pago indebido” por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla era “muy grave” porque se estaba atribuyendo a la institución una hipotética malversación de dinero público. En el caso del informe de fiscalización de los ejercicios 2010 y 2011, dio lugar a que el TCu abriera 10 piezas separadas en su sección de enjuiciamiento “para ver si había responsabilidad contable de la Administración”.
Respecto al hipotético “pago indebido” señalado por el TCu en el informe de fiscalización del ejercicio 2012, Conesa explicó que la Ciudad Autónoma presentó una serie de alegaciones que han provocado una modificación en el informe definitivo, en el que el TCu ya no indica que se haya producido ningún pago indebido a la empresa, sino que refleja simplemente que la Administración melillense hizo un pago al contratista por 889.000 euros. “Ya no dice que indebidamente”, insistió Conesa, en cuya opinión este cambio entre el informe provisional y el definitivo, del que se advierte en éste último a pie de página, supone un reconocimiento de “esa imprecisión que había” por parte del organismo fiscalizador.
“No existe ningún pago indebido en 2012 y es imposible que exista una malversación de caudales públicos”, reiteró Conesa antes de lamentar que Escobar ocultara esa “diferencia abismal” entre el informe provisional y el definitivo porque el PSOE “es incapaz de reconocer la consecuencia positiva” que supone para la Ciudad Autónoma.
No obstante, esto afecta únicamente al informe de fiscalización de 2012, sin que se haya hecho lo propio con el informe de 2010 y 2011 que provocó una pieza separara de la sección de enjuiciamiento del TCu, sobre la que Conesa consideró que debe ser archivada porque es “de sentido común”.
Recomendaciones y contratos
Por otra parte, el consejero reconoció que el TCu sigue reflejando recomendaciones a la Ciudad Autónoma en sus informes de fiscalización, algo de lo que “no hay institución que se libre” y que incluso ha afectado a entidades como el Consejo General del Poder Judicial o el Ejecutivo central. Sin embargo, Conesa subrayó que el objetivo del Gobierno melillense es ir aplicando año a año esas recomendaciones, como ya ha venido haciendo a lo largo de los últimos informes, hasta el punto de que el propio TCu lo reconoce en el último de 2012. Conesa cree que ocurrirá lo mismo en el informe de fiscalización de 2013, ya que lo que pretende la Ciudad Autónoma es que las recomendaciones sean “cada vez menos”.
En cuanto al análisis que el TCu hace de determinados procedimientos, sobre todo de contratación pública, Conesa dijo que institución fiscalizada no tiene por qué estar necesariamente de acuerdo con dichas conclusiones y por eso se da la oportunidad de presentar alegaciones, algo que el Gobierno melillense ha hecho, lo que ha motivado el archivo de 5 de las 10 piezas separadas en la sección de enjuiciamiento.
Además, recordó el caso de la Mesa de Contratación, que llegó a sede judicial con numerosos imputados, asunto que después fue archivado. “Las conclusiones del TCu nunca han tenido la más mínima consecuencia porque se ha demostrado que la Ciudad Autónoma ha actuado bien”, dejó claro Conesa.
