El contrato marítimo de Melilla, que garantizará el funcionamiento de las líneas de Málaga y Almería, podría ver resuelta su adjudicación en cuestión de horas. El Gobierno local cree que el lunes o el martes podría haber ya una respuesta de la Dirección General de la Marina Mercante, que está en estos momentos valorando la viabilidad de las ofertas económicas que han presentado las tres navieras que se han presentado al concurso, muy bajas respecto al precio de licitación, que era de 25 millones de euros para los dos años de vigencia. Desde la Ciudad Autónoma confían en que la adjudicación se materialice cuanto antes, dado que los plazos andan ya demasiado justos. No en vano, el contrato puente que está ahora en marcha termina su vigencia el 30 de abril. Queda apenas un mes y medio para que eso ocurra, lo que obligaría a correr mucho para llegar a tiempo al 1 de mayo, día en que empezaría a funcionar el nuevo pliego. Pero antes hay que llevar a cabo los trámites administrativos que conlleva la firma del contrato entre la naviera adjudicataria y el Ministerio de Fomento, y los preparativos que necesitará la compañía para iniciar sin problemas su operación en las líneas de interés público de Melilla, como es el desplazamiento de los buques ofertados hasta nuestra ciudad, la puesta en venta de los billetes, y el resto de servicios necesarios para llevar a cabo la operación.
Posibilidad de reclamación
Al margen de estos aspectos, en el Gobierno local también miran con urgencia el calendario por si se diera una hipotética reclamación tras la adjudicación por parte de las dos compañías que se queden sin el contrato, más aún cuando la valoración de las ofertas ha tenido que ser sometida al criterio de los técnicos debido a que las ofertas económicas eran desproporcionadas.
Hay tanto interés y competitividad entre las tres empresas que se han presentado al concurso para hacerse con el contrato marítimo, que desde el Gobierno melillense creen que “no sería de extrañar” que una vez que se resuelva se presente alguna reclamación ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales”, el mismo al que recurrió la plataforma de defensa de la línea Melilla-Motril, formada por organizaciones sociales, políticas y empresariales de la localidad granadina.
Si se diera esa circunstancia, supondría una paralización de toda la maquinaria administrativa de entre dos semanas y un mes, lo que impediría llegar a tiempo a la fecha que se había marcado para el inicio del nuevo contrato. En cualquier caso, hace ya unos días el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, tranquilizó a los melillenses asegurando que “barcos no van a faltar” aunque la adjudicación tarde un poco más de lo inicialmente previsto.
En estos momentos, el contrato está en manos de la Comisión Técnica de la Dirección General de la Marina Mercante, organismo dependiente del Ministerio de Fomento, que está analizando las tres ofertas para ver si es posible cumplir las exigencias del pliego, mucho mayores que las del contrato actual, con la subvención estatal que proponen las tres compañías: Trasmediterránea ha presentado una oferta de 7,6 millones de euros para los dos años, mientras que la de Baleària es de 14,1 millones y la de Naviera Armas, de 17.
Estas ofertas están muy por debajo del precio de licitación, que es de 25 millones de euros para los dos años de duración del contrato. Especialmente la de Trasmediterránea, que está por debajo de la mitad del presupuesto de 15,4 millones de euros que se había destinado para los dos primeros pliegos, que quedaron desiertos.
