La petición que la Ciudad Autónoma planteará al próximo Gobierno nacional para que se actualice la indemnización por residencia a los cerca de 9.000 empleados públicos que trabajan en Melilla supondría alrededor de 30 millones de euros entre las dos administraciones. De ellos, casi 5 millones de euros tendrían que ser sufragados por la Ciudad Autónoma en la actualización del plus de residencia de sus 1.185 empleados públicos, mientras que al Estado le corresponderían entre 22 y 23 millones de euros de los suyos. Estos datos aparecen en el estudio que ha elaborado la Ciudad Autónoma para conocer el impacto que podría tener en la economía local la actualización del plus de residencia, que ayer dio a conocer en rueda de prensa el presidente de Melilla y del PP regional, Juan José Imbroda.
La Ciudad Autónoma solicitará que ese incremento retributivo se reparta en varios ejercicios económicos consecutivos desde 2017 hasta conseguir que los empleados públicos perciban un plus de residencia del 100% del sueldo base más trienios, como tenía Melilla reconocido en los años 60 y 70. De lograrse ese objetivo, entre los 30 millones de incremento y lo que ya reciben los funcionarios, esta indemnización sumaría unos cien millones de euros al año en Melilla.
Imbroda argumentó la petición de la Ciudad Autónoma porque permitirá por un lado que Melilla sea un destino más atractivo para los empleados públicos, y por otro una subida de las rentas familiares, lo que también dará lugar a un aumento del consumo y que este esfuerzo repercuta en todas las capas del sector privado.
Un objetivo “básico”
Imbroda recordó que la Ciudad Autónoma consiguió desbloquear la “viejísima aspiración” de actualizar la indemnización por residencia en la segunda legislatura de José María Aznar y equiparar al personal laboral con los funcionarios, pero “con Zapatero se congeló, se desbloqueó y no se ha hecho nada”.
El Gobierno melillense quiere retomarla “tras pasar esta crisis galopante” como uno de sus “objetivos básicos” para esta legislatura”, una medida que ya ha consultado con los dirigentes del PP nacional y que será planteado al Ejecutivo central que surja de las elecciones del 20 de diciembre.
El objetivo es “justificar, racionalizar e igualar” el porcentaje del plus de residencia porque en estos momentos no todos los empleados públicos tienen el mismo, sino que hay importantes diferencias entre las categorías, que oscilan entre el 42% que tienen unos y el 79,5% que tienen otros.
El presidente melillense se detuvo en uno de los colectivos que se verían beneficiados por esta medida de llevarse a cabo, las Fuerzas Armadas. Según dijo, los soldados con adscripción temporal reciben una indemnización por residencia de 352 euros mensuales, mientras que para los que tienen adscripción permanente (soldado y cabo primero) es de 535 euros. Estas cuantías “no llegan al 100% del sueldo base, por lo que “tendremos que subir un escalón”, dijo Imbroda.
