La gestión de José Luis Escrivá en el Departamento de Seguridad Social ha finalizado. En estos días, el antiguo líder de la Airef ha cedido esta relevante área económica a su sucesora, Elma Saiz. A partir de este momento, Escrivá estará a cargo del recién creado Ministerio de Transformación Digital, diseñado a medida por Pedro Sánchez.
El castigo al ministro no está relacionado con este cambio; más bien, se insinúa que Sánchez estaría planeando una recompensa para Escrivá en caso de que Nadia Calviño (quien aún está a cargo de Economía) obtenga el puesto en el Banco Europeo de Inversiones (BEI) que tanto anhela. En ese escenario, el líder del PSOE podría nombrar a Escrivá como su superministro económico, concediéndole todos los poderes de Calviño.
Una figura desconocida en el ámbito económico nacional es Elma Saiz, quien fue consejera de Hacienda de Navarra en el gobierno de María Chivite (PSOE). De acuerdo con su discurso de toma de posesión de esta semana, parece que la ministra nueva seguirá el legado de Escrivá. El reto principal que enfrentará será la transferencia de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco (y posiblemente a Navarra), tal como ha acordado Sánchez con el PNV.
En tanto, Escrivá finaliza una legislatura en la que las finanzas del sistema de Seguridad Social son incluso más desastrosas que al momento de tomar el cargo. Uno de los motivos principales de este desolador panorama radica en que su modificación de las pensiones no incorpora la reducción del desembolso para disminuir el déficit del sistema, optando solamente por incrementar considerablemente los tributos.
Diversas organizaciones y centros de estudio han emitido fuertes críticas hacia este proyecto, advirtiendo que pondrá a España en una situación aún más complicada al intentar balancear las finanzas del sistema de seguridad social. A pesar de los impuestos propuestos por el ministro, no se espera que el incremento en la recaudación sea suficiente para hacer frente al incremento en el gasto, que se espera debido al aumento en el número de jubilados, a las pensiones más altas y a las nuevas ayudas planteadas por Escrivá.
En particular, la modificación de Escrivá impacta a personas con ingresos elevados, incrementando los límites superiores de cotización y estableciendo una «contribución solidaria» para el porcentaje del salario que actualmente no se incluye en la cotización ya que excede el máximo establecido.
También, en este año las autoridades han iniciado un incremento del 0,6% en los pagos de seguridad social de todos los empleados y compañías registrados en la Seguridad Social, con la intención de duplicar dicho aumento en un lapso de seis años. Más de 20 millones de individuos se verán afectados por este aumento impositivo. El aumento para el año 2024 será del 0,7%.
Vale la pena resaltar que este año Escrivá también introdujo la modificación del régimen de cotización de los autónomos, que impone la obligación de cotizar según los ingresos reales en lugar de la base mínima. Este cambio implica que aquellos autónomos que perciban más de 1.700 euros al mes pagarán más, mientras que aquellos que perciban menos mantendrán sus niveles actuales o pagarán menos. Mediante medidas como estas y otros factores, como un incremento del PIB o una reducción histórica del desempleo, Escrivá ha informado a Bruselas que los ingresos de la Seguridad Social serán suficientes para mantener el sistema. Sin embargo, varios organismos, incluida la Comisión Europea y la Airef, han cuestionado estas previsiones optimistas.
Con Escrivá como ministro, la presión sobre las cuentas del sistema es tan grande que la deuda de la Seguridad Social ha alcanzado por primera vez en la historia del país los 100.000 millones de euros. Según datos de septiembre, la deuda ascendió a 106.172 millones, lo cual representa un aumento del 7% respecto al año pasado. Comparando con los 55.024 millones del año 2019 (el primer año completo de Escrivá en el Gobierno), la cifra se ha duplicado y el sistema podría haber sufrido una bancarrota sin recibir estas transferencias recurrentes del Estado.
Las perspectivas de futuro no son positivas. A menos que la reducción del gasto sea impuesta desde Bruselas, el gobierno no se arriesgará a enfrentarse a los pensionistas, que ya suman más de 9 millones de personas. El recorte se llevará a cabo mediante el aumento de las cuotas a la Seguridad Social, y por lo tanto, se extraerán aún más ingresos de los jóvenes/trabajadores, para luego ofrecerles una pensión mínima en comparación con sus contribuciones. Una estafa de tipo piramidal, en fin.
