Tres días de su detención y posterior puesta en libertad con cargos en el marco de la Operación Ópera, el viceconsejero de Festejos, Francisco Díaz, convocó a los medios de comunicación para ofrecer su versión sobre lo ocurrido porque “la gente se merece una explicación”. Brevemente, Díaz dijo estar tranquilo tras salir del despacho del presidente melillense, Juan José Imbroda, quien animó a su viceconsejero a “seguir trabajando” cuando éste puso el cargo a su disposición. Además, el responsable de Festejos, a quien el Juzgado de Instrucción número 4 investiga por presuntos delitos de cohecho y prevaricación, pidió que no se frivolice con este asunto porque “detrás de los políticos hay personas y hay familias”. Díaz no ofreció ayer en su comparecencia ningún detalle de los hechos por los que está siendo investigado, ya que recordó que el caso está bajo secreto de sumario. Instó, por ello, a esperar a ver cómo se desarrolla el procedimiento, aunque sí apuntó que está intentando recopilar justificantes y documentación sobre “las cosas que parece ser que interpretan que son indicios de delito”.
En cualquier caso, recordó que España es un Estado de Derecho “en el cual la inocencia es importante hasta que no se demuestre lo contrario”. En este punto, dejó claro que le molesta, y mucho, que se frivolice con este tema. Además, lamentó no poder contestar porque se le exige “un poco de respeto y cortesía”, algo que aseguró que algunas personas no han demostrado no ya hacia él, que es “una persona pública”, sino hacia su familia, sus amigos y la gente que le apoya.
“En el juego político muchas veces todo no vale”, recordó Díaz, que puso su cargo a disposición de Imbroda, al igual que desde el primer día en que entró a formar parte del Gobierno melillense, hace ya cinco años y medio. Según el viceconsejero, la respuesta que recibió del presidente de la Ciudad Autónoma fueron ánimos para seguir trabajando. Esto descartaría, a priori, la posibilidad de un cese para no provocar fisuras en el acuerdo entre PP y PPL, un asunto sobre el que el viceconsejero dijo que no le corresponde decidir, sino a “las personas que tienen más altura”.
Siguiendo las instrucciones de Imbroda, Díaz afirmó que ya está trabajando para organizar “lo siguiente que toca”. Sin mencionarlo, para no frivolizar, el viceconsejero se refería de esta forma a los Carnavales. “A partir del lunes nos vemos con otro tipo de cosas más alegres”, dijo a los medios de comunicación, cuya presencia quiso aprovechar para dar las gracias a todos aquellos que le han mostrado su respaldo. Así, se refirió a las muestras de apoyo y cariño de “muchísima gente” que se ha puesto en contacto con él en los últimos días a raíz de su detención el pasado martes, entre los que mencionó a sus familiares, amigos y compañeros del Gobierno.
No está de acuerdo con la detención
En su comparecencia, Díaz también ofreció su propio relato de los hechos que ocurrieron a principios de esta semana. Según dijo, desde el lunes por la tarde ya tenía “corazonadas” de lo que podría suceder horas después tras leer unos comentarios en las redes sociales que se volvieron a reproducir el martes por la mañana. Eso le llevó a acudir por su propio pie a los juzgados, donde le comunicaron que estaba siendo investigado para, acto seguido, proceder a su detención y traslado a la Comandancia de la Guardia Civil en un coche patrulla.
Al hilo, Díaz dijo no estar de acuerdo con el procedimiento de la detención empleado, aunque admitió que “los señores que llevan la investigación son los que saben de estas cosas y dijeron que a su entender era la forma correcta” de hacerlo partícipe de que estaba siendo investigado por una serie de supuestos delitos.
Hay que recordar que Díaz fue detenido junto a dos empresarios adjudicatarios de contratos de la Ciudad Autónoma, Benaisa Ahmed y Amal Sel-lam, en una operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y tras pasar a disposición judicial y acogerse a su derecho a no prestar declaración, fueron puestos en libertad con cargos. Estas detenciones fueron consecuencia del análisis de la información obtenida en los registros realizados el año pasado en la operación Tosca contra una supuesta trama de corrupción en la adjudicación de contratos públicos.
