Casi dos millones de alumnos de Secundaria de los centros públicos de todo el país acudían a la huelga convocada por el Sindicato de Estudiantes, en protesta contra el proyecto de reforma del decreto sobre derechos y deberes de los estudiantes. La reforma, según la organización estudiantil, recortaba sus libertades y aumentaba el poder de los directores de los centros de enseñanza. En Melilla, la jornada fue secundada por unos 1.700 estudiantes, lo que suponía un 52% de la población total estudiantil.
Un melillense comparecería por primera vez en un Pleno con voz, para reivindicar, en la reunión sobre los presupuestos municipales, la inclusión de una partida del 0,7% para la realización de proyectos de desarrollo en países del tercer mundo.