Más de 18.000 niños siguen en centros de menores en España pese a que la Ley de Infancia aprobada en 2015 impulsó el acogimiento a fin de que pudieran hacer vida familiar lo antes posible. En muchos lugares del país faltan familias acogedoras porque faltan campañas institucionales de información y recursos económicos para dar un impulso a este modelo que la normativa fija como preferente. Lo explica el presidente de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF), José Martínez, que representa a entidades de 13 comunidades autónomas y que reclama "valentía" para sacar a todos esos niños de los centros de menores, antaño conocidos como orfanatos, en los que residen porque ni sus progenitores ni nadie en su familia extensa puede hacerse cargo de ellos.
"En muchos sitios faltan familias. Lo que ocurre es que el sector de protección de la infancia es duro. Hacen falta buenas campañas sobre sensibilización y divulgación, me atrevería a decir que campañas agresivas, para que la sociedad sepa qué perfil tienen estos niños, cómo han llegado a esa situación de no poder vivir de forma temporal o definitiva en sus familias y por qué la importancia de que puedan estar en familia y no en un centro", afirma.
Martínez afirma que en la sociedad persisten "miedos y desconocimiento" sobre la acogida y por eso reclama las campañas, pero no sólo. "Hace falta un cambio de políticas sociales y que nuestros gobernantes sean más valientes y practiquen políticas que faciliten que este programa vaya adelantye: Más recursos económicos, analizar el ratio que tiene cada comunidad autónoma de profesionales en función del número de niños, analizar la falta de técnicos especializados y tomar medidas, pero cada administración lo lleva de una manera", lamenta.
Ocurre lo mismo con la remuneración económica que reciben las familias acogedoras. Dado que están haciéndose cargo de un menor cuya tutela es de la administración, perciben una pensión de manutención para el menor, pero esta puede variar en función del territorio desde los 200 hasta los 400 euros al mes.
ASEAF viene años reclamando que se fije un mínimo común para todo el Estado y la comunidad que quiera incrementarlo, lo haga por su cuenta.
