Desde la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero al Gobierno de España en marzo de 2004, tras los atentados del 11 de marzo de ese año, se dio comienzo a un radical cambio de orientación de la posición del Partido Socialista Obrero Español, con respecto a la que había mantenido desde el inicio de la transición.
Ya desde la mitad de la segunda legislatura de José María Aznar entre 2000 y 2004, el candidato del Partido Socialista a la Presidencia del Gobierno, Rodríguez Zapatero, alentaba y participaba en toda clase de movilizaciones e iniciativas que condujesen a crear una imagen irracional y casi criminal del partido político que, en aquel momento, gobernaba España, el Partido Popular, haciéndolo responsable de toda clase de fechorías, como, por ejemplo, la guerra de Irak, en la que España no participó, o la crisis del Prestige, buque al que se pretendió alejar de las costas gallegas antes de que se produjera el vertido que, finalmente, se produjo, sin conseguir preservar a las costas españolas de sus trágicas consecuencias. A estas actuaciones se sumó toda clase de campañas de cualquier índole, promovidas desde el ámbito denominado de la cultura o desde los ámbitos del, entonces, incipiente activismo independentista radical en Cataluña.
Tras su llegada al gobierno, como digo, en marzo de 2004, el presidente Zapatero se embarcó en un activismo febril, orientado a acabar con la posible alternancia en el gobierno de España por parte de la otra fuerza entonces mayoritaria en el escenario político nacional y que lo sigue siendo en la actualidad, el Partido Popular.
Desde el comienzo de su legislatura, acometió la tarea de desenterrar el viejo Frente Popular de la Segunda República, dando carta de naturaleza a la presunta bondad de todo tipo de acuerdos con las fuerzas políticas herederas de las que constituyeron aquel aciago Frente Popular, de tan nefasto recuerdo y tan triste y lamentable contribución al deterioro de la paz social en España que condujo a la guerra civil de nuestros abuelos, que, al hilo de la Ley de Memoria Histórica, promovida por su Gobierno, ha venido a quedar reducida, exclusivamente, a las consecuencias de un golpe militar auspiciado por las derechas de la época, sin existencia de ningún otro responsable y a partir de ahí a una reinterpretación de los acuerdos de la transición, que poco a poco nos han conducido a un revisionismo histórico sobre el que aún hoy en día seguimos debatiendo y confrontando en la arena política y no tanto en la histórica.
Una de las herramientas sobre las que también se apoyó el presidente Zapatero en este esfuerzo de criminalización y anulación del adversario político fue el llamado Pacto del Tinell, inicialmente suscrito en diciembre de 2003 por las fuerzas que formaron el tripartito catalán de la época (PSC, ERC e IU), al que se incorporó, posteriormente, tras su llegada al gobierno en 2004, el Partido Socialista Obrero Español, asumiendo la cláusula que establecía que “los partidos firmantes del presente acuerdo se comprometen a no establecer ningún acuerdo de gobernabilidad con el PP en el Govern de la Generalitat y se comprometen a impedir la presencia del PP en el gobierno del Estado y renuncian a establecer pactos de gobierno y pactos parlamentarios estables en las cámaras estatales”.
Durante las dos legislaturas en las que gobernó José Luis Rodríguez Zapatero, trató de consolidar y apuntalar el “cordón sanitario” establecido en torno al PP, pero la crisis económica de 2008 y su incapacidad para afrontarla, poniendo a España en la tesitura de ser intervenida por la Unión Europea, como sucedió, por ejemplo, en Grecia, le llevaron a convocar elecciones anticipadas en noviembre de 2011, en las que fue elegido el Partido Popular de Mariano Rajoy, que tuvo que hacer frente a un proceso de recuperación traumática de la economía española, que había quedado, como digo, al borde de la intervención, que, finalmente, no se produjo.
Lo que sí se mantuvo activo del “zapaterismo” fue la campaña de criminalización y animadversión hacia el Partido Popular que su sucesor al frente del PSOE, Pedro Sánchez, no ha hecho sino incrementar de manera desmedida.
Resulta difícil de entender el grado de odio (lamento tener que utilizar este término, pero no encuentro otro que se ajuste formalmente a mi percepción) con el que los interlocutores de la izquierda, en general, y los del Partido Socialista, en particular, se dirigen a los representantes del Partido Popular en sus intervenciones parlamentarias. Desde mi llegada a este ámbito de la vida pública española, no ha dejado de sorprenderme, el uso permanente de expresiones hostiles y agresivas que hacen imposible cualquier tipo de aproximación de posiciones o de debate en busca de posibles soluciones a los problemas sobre los que se trata.
Esta hostilidad ha adquirido tintes máximos y presuntamente irreversibles al comienzo de esta legislatura cuando, en su discurso de investidura, el actual presidente del gobierno anunció su intención de constituirse en muro de contención de lo que él considera lo más abyecto y peligroso para España, que son, esencialmente los dos partidos que representan lo opuesto a su proyecto, es decir el PP y VOX. Pura promoción irracional del odio hacia el discrepante.
El presidente del gobierno de España, ha concluido su período semestral de presidencia de turno de la Unión Europea, tratando de trasladar ese marco de confrontación y polarización construida por su Partido en la escena política nacional, a la escena internacional, tratando de situar al Partido Popular Europeo también al otro lado del muro que él dice pretender construir para aislar a los que para él no merecen optar a la alternancia en el gobierno de las instituciones. En resumidas cuentas, ha concluido su período semestral, que él pretendía utilizar como plataforma publicitaria para unas elecciones nacionales, que se vio forzado a adelantar, exportando aquello que se ha mostrado muy capaz de promover en España, el odio. Un presidente semestral de todos los europeos que, lamentablemente, ha culminado su tarea de presunto liderazgo europeo, exportando odio.
