Los fines perseguidos eran políticos y venganzas personales de los necios, y las libertades fundamentales coartadas fueron del tipo de las que nos aplicaron a nosotros, con el inaudito y falso caso Campo de Golf, cuando cambiaron declaraciones de testigos, amenazaron a algunos de ellos y nos practicaron ilegalmente la toma de fotos, huellas y demás instrumentos que sólo se aplican a los detenidos.
El reaccionarismo político imperaba en la España de finales del siglo XVIII. Leandro Fernández de Moratín, en su libro-lamento La Despedida, lo describía muy bien: "Pero si así las leyes atropellas/ si para ti los méritos han sido/ culpas, adiós, ingrata patria mía". Todos los esfuerzos de los hombres de la Ilustración por modernizar el país habían sido insuficientes en aquella España de hace más de 200 años y, aunque la España de hoy es muy diferente y bastante mejor que la de entonces, la resistencia al cambio, a la modernización y la consideración de los méritos como culpas permanece en mayor grado que en otros países de nuestro entorno y nuestro nivel, y muchos españoles siguen, seguimos, con ese lamento de la ingrata patria nuestra.
Sirva, a modo de ejemplo, lo que dice la reciente encuesta realizada y publicada por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas. El 61% de los ciudadanos españoles, bastante más de la mitad, afirma tener poca confianza en los empleados públicos, ya sea con titularidad estatal, autonómica o local. Además, sólo el 42% dice estar satisfecho con los servicios públicos y su funcionamiento, y en el nivel más bajo de confianza de los ciudadanos se encuentran, atención al dato, los jueces, en los que sólo confía el 35% de los españoles. Es este un dato demoledor, porque una verdadera democracia no se sustenta con una Justicia en la que los ciudadanos no confían y es evidente que los españoles, por muchas razones -algunas de ellas no imputables directamente a los jueces- no confían, no confiamos, en la Justicia, tan lenta, tan imprevisible, tan politizada, que tenemos.
Me hacen llegar unos cuantos folios del Informe 78/2015 realizado por la Oficina de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla. Se refieren al caso Lisbeth Salander, del que se va a hablar mucho y va a escandalizar más, y reproduce algunas de las conversaciones entre María Nieves Vida, una de las personas más dañinas de esta ciudad, y el gestor informático de los perfiles facebook bajo el pseudónimo Lisbeth. Este le dice a la malvada y sucia Nieves Vida que elimine lo que decía en "tribugest" para "no meter en un marrón a nachete". "Nachete", y esto es lo peor de lo peor, resulta ser José Ignacio Mateo Zeballos, un Guardia Civil con destino en la Plana Mayor de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Melilla, que fue quien, según el Informe, facilitó a Vida la información sometida a secreto del sumario y quien le ordenó "no lo airees aún", que es lo que hicieron.
En la página 226 del Informe se destaca cómo participaron en los presuntos delitos perpretados por "el Grupo Criminal… Agentes de la Autoridad de diversos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que no dudaron en utilizar los medios puestos a su alcance por razón de cargo para provocar situaciones de interés a los fines perseguidos, incluso coartando libertades fundamentales de las víctimas". Los fines perseguidos eran políticos y venganzas personales de los necios, y las libertades fundamentales coartadas fueron del tipo de las que nos aplicaron a nosotros, con el inaudito y falso caso Campo de Golf, cuando cambiaron declaraciones de testigos, amenazaron a algunos de ellos y nos practicaron ilegalmente la toma de fotos, huellas y demás instrumentos que sólo se aplican a los detenidos. "Nieves Vida -añade el Informe- parece obtener la información, como se desprende de sus conversaciones, directamente de un Agente de la Guardia Civil, así como de una funcionaria judicial, ambos ya identificados…(situación agravada) por el cariz profesional de quien facilita la información y la documentación". Todo esto apesta. De Nieves Vida sólo se podía esperar algo así, algo apestoso, pero que personas con cargos públicos, que cobran para protegernos, se dediquen a delinquir abusando de su posición es algo todavía peor, es repugnante y absolutamente intolerable.
Para corroborar hasta qué punto es un escándalo y una vergüenza lo que ha pasado últimamente en Melilla con las falsas denuncias basta leer las "Conclusiones" a las que llega la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Melilla en su Informe 801/2015: "Queda plenamente demostrado que el Guardia Civil D.José Ignacio Mateo Zeballos, con destino en la Plana Mayor de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Melilla, ha interactuado con el pseudónimo delictivo Lisbeth Salander y principalmente con las detenidas en la Operación Montecristo como pertenecientes a Grupo Criminal, Nieves Vida Verdú e Isabel (Beli) Sanmartín Medina". A esas dos despreciables miembros del "Grupo Criminal", como al Guardia Civil filtrador de información, se les puede aplicar, en este caso con toda propiedad, su propia definición: game over, o sea, su juego sí que ha terminado, afortunadamente para todas las personas decentes e inocentes de Melilla.
Posdata: Intolerable, bien que a otro nivel, es también lo que está pasando, desde hace ya muchos años, en la Consejería de Hacienda de nuestra ciudad. El daño que se ha hecho con los caprichosos impagos a ciudadanos y empresas melillenses es monumental y, en algunos casos, hasta dramático. No hay nada que justifique tamaño dislate, tanto daño a tanta gente durante tanto tiempo. Esto se tiene que terminar ya. No pronto, sino ya, ahora mismo. Por las buenas, apartando a los que no saben o no quieren cumplir con su función, lo que sería preferible, o por las malas, con denuncias de grupos de ciudadanos damnificados, denuncias contra algunos funcionarios o empleados públicos por lo que me parece una más que probable prevaricación continuada.
