La nueva Ley de Contratos entró ayer en vigor en lo que desde el Ministerio de Hacienda afirman que es “una apuesta decidida para mejorar la transparencia, la agilidad en los procesos de contratación y el control en las adjudicaciones públicas a través de la Administración Electrónica”. La nueva Ley busca primar la calidad de las obras y servicios que se ofrecen a los ciudadanos, y favorecer la competencia empresarial.
La nueva Ley ha sido calificada por el Ejecutivo como una norma “muy avanzada y garantista” en la defensa de los intereses de los ciudadanos y, en particular, en la introducción de criterios sociales, medioambientales y de calidad e innovación en los procesos de contratación.
Desde Hacienda aseguran que la nueva Ley de Contratos tiene vocación de marcar un antes y un después en este ámbito, de modo que la contratación pública ya no sea sólo un instrumento de abastecimiento de materias primas o de servicios; además de esta función tradicional, la contratación pública se concibe actualmente como una herramienta a través de la cual los poderes públicos profundizan en otras políticas estratégicas, como pueden ser políticas horizontales de carácter social, medioambiental y de fomento de la innovación.
Así, a través de esa contratación pública socialmente responsable, las autoridades deberán promover oportunidades de empleo, trabajos dignos, inclusión social, igualdad de género, etc. obligando a las Administraciones Públicas a garantizar que los contratistas cumplen con las normas aplicables en materia medioambiental, social o laboral, como puede ser la integración laboral de personas con discapacidad.
