Entidades de la Iglesia católica española, que trabajan con personas migrantes y refugiadas, han aplaudido la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) hecha pública este martes, donde se condena a España a pagar 10.000 euros a dos migrantes que fueron devueltos a Marruecos tras penetrar en España a través de la valla de Melilla en agosto de 2014.
Así lo han puesto de manifiesto las organizaciones impulsoras de la campaña ‘Migrantes Con derechos’ –Cáritas, Conferencia Española de Religiosos (CONFER), el Sector Social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz–, que consideran que el fallo confirma que “esas dos personas fueron devueltas a Marruecos sin que se observaran las debidas garantías y en el marco de un proceso sujeto a múltiples irregularidades”.
A su juicio, el fallo debe servir para “erradicar por parte de los poderes públicos unas prácticas irregulares en materia de inmigración y Derechos Humanos, que, como confirma el Tribunal Europeo, no pueden tener cabida en un Estado miembro de la Unión Europea”.
En este sentido, las entidades católicas han instado al Gobierno a que “proceda a la derogación inmediata” de lo previsto en la disposición adicional décima de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que se añadió por la disposición final 1.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo.
Esta disposición adicional décima, sobre el régimen especial de Ceuta y Melilla, establece que “los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.
“Se trata de una práctica que, de manera reiterada, hemos venido denunciado desde nuestras organizaciones y que, como ahora recoge la sentencia, vulnera los derechos de las personas migrantes”, han subrayado las entidades.
Por otra parte, han puesto de relieve que “este caso ha podido ser resuelto por el TEDH gracias al testimonio gráfico (un vídeo en el que se reconocía a los demandantes) recogido por periodistas que se encontraban en las inmediaciones”.
