Raymon Aron (1905-1983), gran pensador, sociólogo y profesor de la Sorbona y del Colegio de Francia, estudió a fondo el concepto de democracia y las causas de inestabilidad de las democracias por distintas causas: ambición de los hombres, llamada a las masas, distanciamiento del poder político respecto a la sociedad…
En su brillante obra “Introducción a la filosofía política. Democracia y revolución” (Edit. Página Indómita, 2015) trató la cuestión de los enemigos de la democracia y los problemas teórico y práctico de su defensa ya que, razonaba, la democracia es “el único régimen que, por sus principios, cree no tener que defenderse de sus enemigos”.
Sin embargo, tras hacer esta consideración se pregunta (pag.97) “¿…es cierto que la democracia, por principio, debe tolerar a aquellos que quieren destruirla? La respuesta que da es muy clara, partiendo de la base de que la democracia exige un régimen de competición pacífica, y “dicha competición pacífica se crea para aquellos que aceptan las reglas. A partir del momento en que los individuos o los grandes grupos plantean que están en contra del sistema, que son hostiles al mismo y quieren destruirlo, los que aceptan el sistema tienen todo el derecho de defenderse. Esto no es contrario al principio democrático”
De lo dicho se deduce que son dos los elementos que la lucha por el poder político requiere en la democracia: la competición política pacífica y el respeto a las reglas de juego. El imperio de la ley es, por tanto, requisito de la democracia y ello nos lleva a analizar el desafío a la ley que, como método, aplica el nacionalismo separatista independentista catalán que no respeta las reglas del juego, es decir, no respetan la Constitución ni las leyes, como llevamos años comprobándolo en la realidad. En efecto, todo vale, cualquier medio es bueno, en la persecución de su objetivo independentista, ya sea dividiendo la sociedad en buenos y superiores catalanes frente a los malos e inferiores que se atrevan a discrepar del pensamiento único separatista; ya sea pisoteando los derechos individuales de los catalanes, como el uso de la lengua española en la escuela, o extirpando a la sociedad el derecho al pluralismo informativo o imponiendo una total desigualdad de trato administrativo a los ciudadanos, e incluso desviando fondos públicos, desde el gobierno de la Generalitat, a los fines partidistas de la independencia: propaganda, embajadas, referéndum, etc. Es decir, la competición política no es democrática porque ni es pacífica (hay intimidación: rótulos; lengua; escuela; monopolio público informativo; no a la disidencia…); ni respeta las reglas de juego, es decir, las leyes que igualan y deben proteger los derechos y libertades ciudadanas.
Por ello, es penoso que en España, que desde la Constitución de 1978 es un Estado democrático europeo sometido al imperio de la ley con una Administración de Justicia que ofrece suficientes garantías de independencia (aunque mejorable en las instituciones superiores), los nacionalistas-separatistas catalanes repitan dos latiguillos hasta la saciedad: tener derecho unilateral a decidir sobre la independencia y el “España nos roba”.
Creen tener el derecho a “decidir” o de autodeterminación, según cada interviniente, y creen que es democrático votar en Cataluña materias sobre las que carecen de competencia constitucional y estatutaria: soberanía nacional y la unidad de España. Esa pretensión no es democrática porque intenta quebrar las reglas del juego preestablecidas en la CE 1978 que reconoce al pueblo español, es decir, a todo el pueblo español, como nación soberana, que se dio la Constitución y reiteró la histórica integridad territorial; así pues, sólo la nación española puede, en referéndum y con los requisitos del art. 168 CE, modificar los principios de soberanía y unidad territorial nacional. Como decimos, los separatistas dicen actuar en nombre de “la democracia” pero su pretensión no es democrática porque violenta el ordenamiento jurídico aprobado legal y legítimamente; es una absoluta contradicción y, como razona R. Aron, el Estado de Derecho democrático puede defenderse pues no existe una competición política pacífica, que exige la igualdad de condiciones, cuando esos individuos o grupos infringen la ley, es decir, las reglas de la democracia.
El otro “latiguillo” es: “España nos roba”. Esta frase, además de insultar a todos los españoles, contiene una absoluta falsedad porque en los países no tributan los territorios sino las personas y las sociedades y, para colmo, tampoco calculan los beneficios e ingresos, por ventas de bienes y servicios, obtenidos del resto de los españoles a los que los separatistas ven sólo como consumidores. Otra cosa distinta es la cuestión de la financiación autonómica que, por supuesto, debe ser justa, objetiva, estable, que reconozca el factor emprendedor y que sea respetuosa con la solidaridad nacional.
Además, la defensa de la democracia no admite política de complacencia con la sensibilidad de los separatistas (unilateral; la sensibilidad debe ser recíproca) porque pretenden lo desigual y el privilegio; en resumen la política de cesión de beneficios es inútil porque sólo alarga la situación de ilegalidad, desigualdad y abuso que sufren en sus derechos tantos españoles catalanes, maltratados por la política independentista, porque la aspiración de la independencia no se sacia con sucesivas cesiones económicas o por el hecho de no exigir el cumplimiento de las leyes.
Ahora que se habla de alguna reforma constitucional, sin que se identifiquen los objetivos, debemos saber que la mejor reforma constitucional es que se cumpla la Constitución Española y las leyes.
CONCLUSIÓN: La retórica de los latiguillos ofensivos prefabricados y el constante incumplimiento legal deben combatirse desde el Estado exigiendo el cumplimiento del ordenamiento jurídico, porque la sociedad civil, preocupada, carece de medios económicos y mediáticos comparables a los de los separatistas. No son amigos de la democracia sino enemigos de la democracia porque la democracia exige respeto a las reglas y competición pacífica por el poder político.
