Este diecisiete de julio se cumple el aniversario del inicio de la última
de las guerras civiles españolas.
Organizada una sublevación militar contra el Estado republicano por los mandos militares del ejército colonial en Marruecos, alentada por los sectores más reaccionarios del país, y apoyada internacionalmente por el eje nazi-fascista, la resistencia de la mayoría del pueblo español hizo que lo que estaba concebido como un rápido golpe de Estado se convirtiera en una larga guerra civil, que duró tres años.
El fin de la guerra fue el principio de una de las etapas más negras de la Historia de España, pues provocó el éxodo de cientos de miles de españoles, entre los que se encontraba la flor y nata de la intelectualidad y la cultura; también se abrieron las fosas comunes para miles de asesinados de los cuales, aún hoy, más de cien mil no han recibido una sepultura digna, algo que en todo el planeta sólo ocurre en España y en Camboya.
El régimen político que ocupó este período de treinta y ocho años se caracterizó por la persecución de las minorías religiosas, la oposición política, la cultura libre, la homosexualidad, y de todos aquellos no adictos a un régimen que tenía “por destino lo universal” y sólo respondía “ante Dios y ante la Historia”. También se caracterizó por la discriminación de la mujer, que era adoctrinada desde la infancia para ser sierva del hombre.
Y, en efecto, no respondió por todo el daño que provocó a la sociedad española, ni por las detenciones arbitrarias, las torturas, la cárcel y los asesinatos que se cometieron en su nombre, el de un régimen genocida, que se mantuvo exclusivamente por la represión brutal y el miedo. Ahora está respondiendo ante la Justicia argentina, pues la Justicia española se muestra incapaz de juzgar estos crímenes.
Cuarenta años después del fin de este régimen aún quedan secuelas en la sociedad española, a las que ha pretendido poner fin la Ley de la
Memoria Histórica; sin embargo, el actual Gobierno de España, heredero del antiguo régimen, en lo ideológico e incluso en lo biológico, está finiquitándola. Las víctimas de ese régimen han tenido que ver y oír al actual Presidente del Gobierno de España presumir, con su habitual mala sombra y aire chulesco, de no facilitar presupuesto alguno para el cumplimiento de esta Ley.
Y quedan muchas asignaturas pendientes, los más de cien mil asesinados, cuyos restos continúan en cunetas y fosas comunes; la anulación de las sentencias injustas, la devolución de los bienes robados por el régimen a sus víctimas. En Melilla tenemos, también, la asignatura de cumplir esta Ley y retirar del callejero los nombres de aquellos personajes, que están en él por haber apoyado al régimen; así como la retirada de la última estatua pública del dictador genocida, que se mantiene atendiendo a una falaz biografía, creada por los propagandistas de su régimen. Ofende a las víctimas y su memoria que nombres ligados a la deslealtad y la traición se mantengan en nuestras calles.
En este tiempo, cuando la amoralidad pública nuevamente es seña de identidad de los gobiernos español y local, es importante recordar a los valientes que dieron su vida, no sólo por fidelidad al Estado republicano, sino, con honor, por su compromiso vital con sus conciudadanos. Los nombres del Padre Jaén, Comandante Virgilio Leret, Comandante en Jefe de la Circunscripción Oriental, General de brigada Manuel Romerales Quintero, Comandante en Jefe del Ejército de África Manuel Gómez Morato, Alcalde Antonio Díez Martín, son quizás los más renombrados, pero fueron muchos los militares, trabajadores, juristas, representantes públicos, etc. que ofrecieron ese testimonio en Melilla; una ciudad que fue adelantada en la resistencia al golpe de Estado.
