En una reciente sentencia, el alto Tribunal reconoce el derecho de los militares aspirantes a acceder a dicho Cuerpo argumentando que la Orden PCI 155/2019, de 19 de febrero de la Guardia Civil “vulnera el principio de proporcionalidad” de dichos aspirantes
El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de los militares aspirantes al ingreso en el Cuerpo de la Guardia Civil que concurren a las oposiciones por las plazas reservadas para los mismos a acceder a dicho cuerpo portando lentes intraoculares.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso este Diario, el alto Tribunal reconoce dicho derecho basándose en el recurso contencioso administrativo contra dichas exclusiones que interpuso el abogado especialista en derecho de la Guardia Civil Antonio Suárez-Valdés, que representa a más de 100 opositores en esta situación. El mismo fue inicialmente desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, motivo por el cual interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
En la sentencia, el Supremo argumenta que la aplicación de la Orden PCI 155/2019, de 19 de febrero de la Guardia Civil que establecían “una exclusión total” para los aspirantes que tuvieran implantadas lentes fáquicas, “vulnera el principio de proporcionalidad, por cuanto quienes pretendan acceder a las pruebas selectivas reservadas en la Guardia Civil a los militares profesionales como regla general no pueden quedar excluidos por el hecho de usar lentes intraoculares si no les ha supuesto una valoración negativa de su aptitud psicofísica actual”.
No “idóneo” para el ejercicio de tal actividad
“No resulta congruente que el recurrente, en su condición de militar, incluso destinado en Afganistán, sea idóneo para el ejercicio de tal actividad llevando años las lentes fáquicas implantadas, superando las revisiones oportunas efectuadas en el seno de las Fuerzas Armadas, y que sea inidóneo con carácter general para la promoción externa en el cupo de pruebas selectivas reservado en la Guardia Civil a los militares profesionales”, añade en su sentencia el alto Tribunal.
Preguntado Suárez-Valdés sobre los efectos de dicha sentencia, el mismo indica que el Tribunal Supremo ha puesto coto a la aplicación arbitraria que de la norma venía desarrollando el Ministerio del Interior en los últimos tres años y que los fundamentos de su sentencia afectan a cientos de aspirantes a Guardia Civil y Policía Nacional.
