El tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga en Melilla tumba las principales pruebas sobre las que se sustentan las acusaciones de una treintena de personas vinculadas a CPM y al PSOE por el conocido como el caso ‘Voto por Correos’. En el auto emitido ayer, al que ha tenido acceso MELILLA HOY, se acuerda la anulación de las declaraciones prestadas en calidad de testigo por Nordin Abdel-Lal, además de inadmitir todas las autorizaciones para intervenir las llamadas telefónicas, así como las pruebas derivadas de las mismas. Por otro lado, los tres magistrados del tribunal deciden suprimir de los hechos enjuiciados el presunto delito de malversación, respetando así el sobreseimiento que ya dictó el juez de instrucción.
El caso del ‘Voto por Correos’ toma un nuevo rumbo tras el último auto emitido por el tribunal de la Audiencia Provincial. En el mismo se acuerda la nulidad de las declaraciones del principal testigo del procedimiento, Nordin Abdel-Lal. Según recoge el documento judicial, tampoco se admitirán las autorizaciones de las intervenciones telefónicas, ni las pruebas derivadas de las mismas.
De este modo, el procedimiento que cuenta con una treintena de personas acusadas, relacionadas con las formaciones CPM y PSOE, seguirá su curso sin tener en cuenta las que eran hasta la fecha las principales pruebas de cargo en contra de los principales procesados.
MELILLA HOY pudo acceder al auto emitido ayer por los miembros del tribunal de la Sección Séptima. En el mismo se resuelven las cuestiones previas que plantearon tanto las defensas, como la Fiscalía y el PP, personado en esta causa como acusación particular, durante la fase de alegaciones.
El árbol envenenado
Los magistrados de la Audiencia Provincial de Málaga en Melilla se han mostrado de acuerdo con la doctrina de ‘los frutos del árbol envenenado’, expuesta en varias ocasiones durante el trámite de las cuestiones previas por los letrados de la defensa.
Según la misma, alegada también por Rachid Mohamed, abogado de Mustafa Aberchán, la causa está completamente «contaminada». Esto es así porque muchas de las acusaciones, como la del principal líder de CPM, se sustentan en las declaraciones prestadas en fase de instrucción por Nordin Abdel-Lal.
Esta persona declaró hasta en cinco ocasiones en calidad de testigo, pero luego pasó a ser un investigado más por el caso del ‘Voto por Correos’. Los letrados ya defendieron que este hecho vulneraba el derecho fundamental de los encausados porque, de haber sido llamado a declarar desde un principio como investigado, su declaración no hubiera sido la misma.
Intervenciones telefónicas
El tribunal presidido por Federico Morales también ha estimado la cuestión relativa a la infracción del derecho constitucional al secreto de las comunicaciones. Por ello, ha declarado «nulas todas y cada una de las autorizaciones, y las de sus respectivas prórrogas, de intervención telefónica, con la consecuencia de la nulidad de las pruebas derivadas de las mismas». Así se expone en el auto al que ha tenido acceso MELILLA HOY.
Cabe destacar que, según alegaron los letrados de los acusados, las intervenciones telefónicas que se llevaron a cabo en el seno de la investigación se basaron precisamente en las declaraciones que Nordin prestó inicialmente en calidad de testigo.
Delito de malversación
Por otro lado, los magistrados de la Sección Séptima se han puesto de acuerdo para levantar las acusaciones relativas al presunto delito de malversación de fondos públicos y respetar así el sobreseimiento libre que ya decretó el juez instructor.
Hay que recordar que la Fiscalía considera a Mustafa Aberchán; al que fue delegado del Gobierno, Gregorio Escobar; y al ex secretario general del PSOE en Melilla, Dionisio Muñoz, los principales ‘cabecillas’ de un «entramado orientado a la captación ilegal del voto». Sobre ellos pesaba la acusación del delito de malversación de caudales públicos, por la que se les pedía a cada uno la pena de seis años de prisión. Esta ha quedado retirada tras el auto de la Audiencia Provincial.
Fecha de inicio: 10/10/17
El macrojuicio por el caso del ‘Voto por Correos’ arrancará el próximo 10 de octubre y se prevé que pueda durar hasta 9 meses, como informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El procedimiento pasará por los juzgados unos nueve años después de que en 2008 arrancaran las investigaciones por la presunta compra de votos que, posteriormente, cobraron forma con la acusación de una treintena de miembros de CPM y PSOE.
El presidente del principal partido de la oposición en Melilla se presentará ante el tribunal como acusado de tres delitos electorales continuados por contravenir los artículos 139, 140 y 146 de la LOREG, uno de falsedad y uno de asociación ilícita. Restando los seis años que le reclamaba la Fiscalía por el presunto delito de malversación, Aberchán se enfrenta a penas de 21 años de cárcel, 40 de inhabilitación y una multa que ronda los 60.000 euros.
El otro gran responsable de la operación destinada a captar votos, siempre según el Ministerio Público, era el ex secretario general del PSOE en Melilla, Dionisio Muñoz. La pena que se le pide es calcada a la del cepemista. Para el que fuera delegado del Gobierno del Partido Socialista y portavoz en la Asamblea de Melilla, Gregorio Escobar, la Fiscalía solicita tres años de cárcel y 10 de inhabilitación por los delitos de asociación ilícita, y prevaricación.
Rachid Mohamed, abogado de CPM: “Este auto va a afectar muchísimo al procedimiento”
Rachid Mohamed representa en esta causa al principal líder de Coalición por Melilla (CPM), Mustafa Aberchán, y a otras personas vinculadas al mismo partido. En declaraciones a este diario, el letrado sostuvo que las conclusiones del auto «van a afectar muchísimo al procedimiento» del caso del ‘Voto por Correos’. Como recordó, las principales estimaciones del tribunal responden favorablemente a algunas de las alegaciones que él mismo presentó junto a otros abogados de la defensa. «Casi todo este procedimiento nace de las declaraciones de Nordin y de las intervenciones telefónicas», expuso. Según señaló Mohamed, ahora queda por analizar la «conexión de antijuricidad». Esto quiere decir que toca determinar qué pruebas concretas se van a ver afectadas «por contaminación», debido a la nulidad aplicada en base a la doctrina de los frutos del árbol envenenado.
