El Juzgado de lo Penal nº 2 ya ha fijado la fecha para la celebración del juicio oral en el que se juzgará a la que era consejera de Bienestar Social y actual portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, María Antonia Garbín, nueve funcionarios y cuatro abogados por la presunta contratación irregular de dichos letrados que finalmente también han sido acusados, a pesar de que la fiscalía solicito el sobreseimiento provisional la imputación de los cuatro. A todos ellos, se les acusa por un delito continuado de prevaricación administrativa y se enfrentan a entre 10 y 4 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo o empleo público. Garbín se mostró "tranquila", dado que tras tres años tendrá la oportunidad de defender su inocencia y la del resto de encausados. La portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, María Antonia Garbín, anunció ayer que será entre el 2 de febrero y 31 de marzo cuando tanto ella como los nueve funcionarios y los cuatro abogados contratados se pondrán defender ante la titular del Juzgado de lo Penal nº 2 por el 'Caso Abogados', en el que se les acusa por un delito continuado de prevaricación administrativa.
Según adelantó ante los micrófonos de la cadena COPE, el plazo es tan amplio debido a la cantidad de personas que tendrán que declarar y es que solo los acusados son un total de 14 personas, quienes se enfrentan a penas de entre 10 y 4 años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo o empleo público.
Por su parte, Garbín se mostró "tranquila" ante la celebración de la vista que lleva esperando desde hace tres años y lamenta que tengan que estar implicados "magníficos" funcionarios de carrera por algo que aseguran era legal.
Un método de 1998
La que era consejera de Bienestar Social entre 2003 y 2015 aseguró que "no existe prevaricación administrativa" y defendió que el método de contratación utilizado, no se aplicó por primera vez cuando ella era la titular del Área, sino que se lleva usando desde 1998.
Además, señala que no se ha demostrado aún que hubiera intencionalidad, es decir, el elemento subjetivo de que se quería llevar a cabo un delito, toda vez, que apunta que ni los contratados entre sí, ni ella misma conocían en muchas ocasiones a los letrados, por lo que asegura que sería imposible ninguna "confabulación".
"Justos por pecadores"
Sin embargo, cree que ha sido a causa de que se iniciaron diversos temas judiciales en la ciudad, cuando empezó a hacerse público el primer informe que apuntaba a que se había cometido un delito de prevaricación. Garbín considera que no tenía que haberse llegado a este momento para demostrar su inocencia y opina que se debe a "todo lo que viene ocurriendo a nivel nacional" en materia de corrupción donde "hemos pagado justo por pecadores".
En esta situación, indicó Garbín, se ha visto "arrastrado" también el que era viceconsejero de Administraciones Públicas y actual presidente de la Autoridad Portuaria, Miguel Marín, quien sin haber celebrado aún el juicio oral, sigue investigado por un presunto delito de prevaricación administrativa por la supuesta contratación irregular de un arquitecto.
Aún así, la diputada 'popular' se mostró fuerte y aseguró que prepararán la defensa en estos meses para "resolver" la situación dado que "no hemos cometido ningún ilícito".
"No hay dinero de por medio"
Garbín también hizo hincapié en que se trata de un delito administrativo, es decir "no hay dinero de por medio ni financiación del partido", por lo que asegura que "cumple con lo firmado en el pacto entre el PP y Ciudadanos (C's).
Del mismo modo, sostiene que la espera ha sido "corta comparada con otros temas", pero aún así ha sido "largo" en cuanto al tiempo que ha pasado hasta que se ha puetso fecha al juicio oral. Así, recordó que fue una decisión personal, "a parte del pacto con Populares en Libertad", el apartarse de la primera línea política para preparar la defensa del caso.
Entre 10 y 4 años
Cabe recordar que tanto la Fiscalía como la Asociación Libre de Abogados (ALA), como el sindicato Manos Limpias piden para Garbín diez años de inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público. Cambia en el caso de los nueve funcionarios, a quienes mientras el Ministerio Público solicitaba 9 años de inhabilitación, ALA y Manos Limpias piden 8 años y 6 meses para 5 de los funcionarios y 9 para los otros cuatro empleados públicos.
Asimismo, en el caso de los cuatro abogados, la Fiscalía pedía el sobreseimiento provisional, mientras que las dos entidades que se personaron como acusación popular, les piden a cada uno de los abogados 4 años de inhabilitación.
