La Ciudad Autónoma hará una labor de mediación entre la empresa adjudicataria del servicio de limpieza, la UTE FCC-Urbaser, y su plantilla, compuesta por 335 trabajadores, para intentar solucionar los problemas que hay entre las dos partes y lograr, al mismo tiempo, una mejora del servicio público que presta. El consejero de Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo, expresó este compromiso durante el pleno de la Asamblea que se celebró ayer para aprobar la prórroga por un periodo de dos años del contrato de limpieza, adjudicado en 2012, que supondrá un coste a las arcas públicas de 22.534.305 euros. Todos votaron a favor excepto el PSOE, que se abstuvo. El consejero admitió que en una empresa con tantos trabajadores “el tema laboral siempre es complejo”. Esa es la situación que se está dando en el caso de la UTE que presta el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos en Melilla, cuyo convenio colectivo ha sido denunciado.
En palabras de Quevedo, la Ciudad Autónoma no se prevé que sea fácil firmar un nuevo convenio colectivo mientras no se despeje “una duda importante”, relativa a si los trabajadores tienen derecho a percibir el 40% de la bonificación a la Seguridad Social de la que se beneficia la empresa. Este asunto se encuentra actualmente en el juzgado y, en caso de que los trabajadores ganaran en el juzgado, supondría una subida salarial del 7% “de golpe”. Por eso, hacer un convenio colectivo ahora, sin saber si puede darse o no esa subida salarial, “es difícil para las dos partes”, apuntó el consejero.
Quevedo dijo que la Ciudad Autónoma es la primera interesada en que haya una mayor estabilidad laboral de la plantilla y que se consoliden sus derechos laborales porque eso contribuirá a una mejora del servicio de limpieza.
En este sentido, el consejero se comprometió a seguir manteniendo las reuniones que ya tiene con los representantes de los trabajadores y la empresa adjudicataria en busca de una solución que reconcilie los “puntos de vista divergentes” que hay en estos momentos en aspectos como las bajas laborales y la forma en que se están cubriendo las jubilaciones y los fines de semana, además de las bonificaciones a la Seguridad Social.
De esta forma, la Ciudad Autónoma quiere intentar que las diferencias se solucionen fuera de la jurisdicción social para evitar que, en caso de que la Justicia dé la razón a los trabajadores, como está sucediendo, pueda haber despidos “al día siguiente” tras el pago de una indemnización. Mejor, defendió Quevedo, es buscar un consenso entre las dos partes.
El consejero no aceptó, sin embargo, las críticas de la oposición respecto a que no se habían cumplido los compromisos de la empresa adjudicataria de cubrir 23.000 horas extras sin coste para la Administración local, que equivalen a 14 trabajadores que ya fueron contratados, pasando la plantilla de 321 a 335 trabajadores. Así, defendió que el volumen de masa laboral que dice el pliego se está cumpliendo, algo que CPM y PSOE habían puesto en duda al enumerar las diferentes quejas de los trabajadores.
La oposición suaviza su postura
Las explicaciones de Quevedo, no obstante, suavizaron la postura de estos dos partidos hasta el punto de que CPM terminó votando a favor de la prórroga del contrato tras escuchar el compromiso del consejero. El PSOE, sin embargo, se abstuvo después de que anunciara en su intervención que su voto estaba “muy inclinado hacia negativo” porque a su juicio, prorrogar el contrato podría producir una “relajación” de la empresa ante las exigencias de los trabajadores para firmar el convenio colectivo y posibilitar el control de la Ciudad Autónoma.
Ciudadanos (C’s), por su parte, también dijo estar de acuerdo con las reivindicaciones de los trabajadores, pero recordó que la Comisión de Medio Ambiente y Fomento “no es un comité de empresa”. En cualquier caso, su voto afirmativo también estuvo condicionado por el compromiso del consejero respecto a esa mediación.
Quevedo, en posterior rueda de prensa, apuntó la posibilidad de que ese control laboral de la adjudicataria del contrato de limpieza pueda llevarse a cabo mediante una empresa externa contratada al efecto, como se ha hecho en ocasiones anteriores, en vez de hacerlo con funcionarios de la Ciudad Autónoma, ya que eso podría suponer una merma en el control del cumplimiento de las exigencias de limpieza que está realizando la Consejería de Medio Ambiente de manera más exhaustiva desde diciembre.
Más control de la limpieza
En concreto, la Consejería de Medio Ambiente ha destinado a dos funcionarios a realizar labores de supervisión del servicio de limpieza y optimización de los medios y recorridos que hace cada maquinaria. En este sentido, Quevedo destacó la puesta en marcha en diciembre del GIS, un sistema que por medio de GPS permite controlar el trabajo de camiones, barredoras e hidropresores.
Quevedo admitió que la Ciudad Autónoma no está satisfecha con el resultado de la limpieza viaria, sobre todo los fines de semana, aun cuando el contrato se está cumpliendo al 99%. Por eso, el Gobierno melillense ha optado por prorrogarlo, habida cuenta que se trata de un buen pliego de condiciones que fue respaldado en 2012 con una amplia mayoría de la Asamblea, ya que todos votaron a favor menos PPL, que se abstuvo.
Otras de las razones que han impulsado a la prórroga, según dijo el consejero, es que el precio de este pliego es adecuado y se sitúa en la media de otros lugares del país, entre 120 y 130 euros por habitante y año, y que las dos empresas que prestan el servicio ahora en una UTE, FCC y Urbaser, controlan el 60% de los contratos de este tipo que hay en España. Por tanto, una nueva licitación no supondría apenas cambios en la situación actual, aparte de que no hay ya tiempo material para elaborar unos pliegos para que entren en vigor en abril.
Este asunto fue debatido durante cerca de 45 minutos en la Asamblea. Pese al desacuerdo entre Gobierno y oposición, en las que hubo incluso un rifirrafe entre el socialista Francisco Vizcaíno y el popular Daniel Conesa, la prórroga salió adelante con los votos a favor de PP, Coalición por Melilla (CPM), Ciudadanos (C’s) y Grupo Mixto y la abstención del PSOE.
