En una respuesta en el Senado, el Gobierno dice que la auditoría de la Autoridad Portuaria donde se habla de sobrecoste fue un encargo “particular” de Víctor Gamero “y no corresponde a una empresa de auditoría inscrita en el Registro Oficial”
El Gobierno ha informado de que tanto en las diferentes auditorías que ha llevado a cabo Puertos del Estado, como en el informe realizado por la Intervención General del Estado, “no se ha obtenido ninguna evidencia de carácter fraudulento” en las obras de construcción de la estación marítima de Melilla.Esta es una de las principales conclusiones de la respuesta parlamentaria del Gobierno a una pregunta escrita presentada por los senadores del PP por Melilla, Juan José Imbroda y Sofía Acedo, después de que la Autoridad Portuaria de Melilla diera a conocer a mediados de marzo que una auditoría revelaba un sobrecoste en esta obra.
En concreto, según informó entonces el presidente de la Autoridad Portuaria, Víctor Gamero, una auditoría encargada apuntaba a que la construcción de la estación marítima, que tuvo lugar entre 2005 y 2009, había tenido un sobrecoste de casi 9 millones de euros, lo que generó una importante polémica y acusaciones de parte del Gobierno de Melilla hacia el PP.
La respuesta del Gobierno, que fue facilitada ayer por el propio Imbroda en rueda de prensa, apunta que “el informe de auditoría referido en la pregunta se ha solicitado por el presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla de forma particular y no corresponde a una empresa de auditoría inscrita en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)”.
Auditorías
El Gobierno recuerda en su respuesta que la construcción de la terminal de pasajeros y mercancías del puerto de Melilla fue cofinanciada con cargo al programa operativo del Fondo de Cohesión dentro del marco comunitario 2000-2006, y tanto las obras como el posterior modificado, han contado con los informes técnicos del Ministerio de Transportes y de Puertos del Estado.
Señala que Puertos del Estado realizó distintas auditorías de verificación previa del gasto a declarar a la Comisión Europea (CE), para verificar cuestiones como la adecuación, en su conjunto, de las operaciones objeto de análisis, la elegibilidad de los gastos presentados y el cumplimiento de la normativa comunitaria y nacional sobre contratación pública y protección del Medio Ambiente.
La adopción de actividades de información y publicidad; la verificación in situ de la realidad de las actuaciones y los análisis de los procedimientos de gestión y control fueron otras de las cuestiones verificadas en las auditorías, en cuyo resultado “no se obtiene ninguna evidencia de carácter fraudulento que pueda afectar a la operación cofinanciada”.
A ello se une el informe de la Intervención General de la Administración del Estado, como autoridad de auditoría del programa, que fue cerrado el 21 de febrero de 2011 y tampoco obtuvo “ninguna evidencia de carácter fraudulento”.
“Encargo en plan Pancho Villa”Imbroda, tras leer la respuesta, sacó como conclusión que la auditoría de la Autoridad Portuaria “lo han encargado en plan Pancho Villa, al primero que pasa por la puerta, y lo han elevado a dogma de fe”, si bien considera que podría ser constitutivo de delito, ya que “la han pagado” cuando, según Puertos del Estado, “no está habilitada” dicha empresa para ello.
Se preguntó quién ha hecho la auditoría y “qué intereses había detrás”. También quiso saber si podría ser “gente despechada que no ha podido ganar más dinero del que querían cuando se hizo la estación marítima”.
“No hay derecho a que pongan a los pues de los caballos a gente por hacer demagogia barata”, lamentó Imbroda para recordar las acusaciones contra el PP que surgieron tras aquella auditoría en marzo, y recordó que gobierna el PSOE, por lo que “no es proclive a lo que quiera el PP”.
