Vamos camino de que se cumplan cuatro meses desde que el Consejo de Ministros aprobara el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Melilla. Un plan, de tantos que se han hecho sobre nuestra ciudad, que prometía ser histórico por la “inversión sin precedentes” que suponía para Melilla. Recordemos, algo más de 356 millones de euros hasta 2026 que iban, sobre todo, a inyectar de dinero público (aún más) el sector público, dejando para el desarrollo del tejido productivo apenas un 15% del pastel.
El destino de este plan, de nombre rimbombante, es toda una incógnita. Los agraciados por la lluvia de millones que iban a llegar de La Moncloa empiezan a preguntarse dónde están. La primera en hacerlo en voz alta ha sido la Autoridad Portuaria, que tiene reconocidos dos millones de euros para este año. Estamos en febrero y el dinero ni ha llegado ni se sabe dónde está, porque el único documento oficial en el que aparece recogido es el propio Plan Integral. Pero en los Presupuestos Generales del Estado no está ese dinero negro sobre blanco, como tampoco los cien millones largos que se había programado destinar a la ciudad en este año 2023.
¿Qué pasa con el Plan Integral? ¿Era de verdad o sólo una cortina de humo propagandística de cara a la próxima cita con las urnas? Da la impresión de que con este plan está pasando como con la reapertura de la aduana comercial, mucho anuncio y palabrería pero, a la hora de la verdad, nada de nada. Melilla necesita una mayor celeridad en la gestión pública y menos propaganda vacía que, de momento, es lo único que está recibiendo.
