El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, tendrá que decir si es legal o no la encomienda de gestión que ha hecho la Ciudad Autónoma para que la empresa pública Remesa se encargue de la planta depuradora de Melilla. Ciudadanos (C’s) ha presentado un recurso especial en materia de contratación ante este tribunal, el mismo que resolvió hace un par de años sobre el contrato marítimo, ya que considera que dicha encomienda de gestión es “de dudosa legalidad”. El portavoz de C’s en la Asamblea, Eduardo de Castro, explicó ayer en rueda de prensa que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales admitió de manera definitiva el recurso que presentó su partido el pasado 20 de diciembre. Y recordó que eso supone, según el artículo 45 de la Ley de Contratos, “la suspensión inmediata” de la adjudicación de la encomienda, algo que De Castro desconoce si ha ocurrido.
“Es evidente que, si no se ha suspendido esa encomienda como nos tememos, se está incumpliendo claramente la Ley, y eso podrá derivar en su momento en consecuencias que determine el propio tribunal”, advirtió De Castro. No obstante, quiso aclarar que la suspensión de la encomienda “no quiere decir que se paren las máquinas” de la planta depuradora. De hecho, recordó que el año pasado, durante tres meses, esta instalación pública estuvo funcionando sin contrato, lo que supuso un sobrecoste de 700.000 euros respecto a cuando el servicio estaba adjudicado a la empresa Acciona.
De Castro hizo un repaso cronológico de este asunto al recordar que la encomienda de gestión fue aprobada en solitario por el Gobierno de Melilla en un pleno urgente celebrado el 17 de noviembre para su entrada en vigor el 1 de diciembre. El 1 de septiembre, tres meses antes, había expirado el contrato de este servicio y no se podía prorrogar. “Tendrían que haberlo sacado a licitación, pero no lo hicieron porque no se tuvo previsión o no se quiso tenerla”, señaló.
Los reparos de C’s
C’s ha mostrado sus reparos hacia la encomienda de gestión desde que fue planteada por el Gobierno melillense el 8 de noviembre en una reunión con Remesa, empresa pública participada al 50% entre la Ciudad Autónoma y el Estado. Además, recordó que contaba con dos informes negativos de la Intervención, a los que sucedió otro “más favorable” tras el nombramiento de la nueva interventora. “Que cada uno saque sus conclusiones”, apuntó De Castro.
La formación naranja no ve justificada esta encomienda de gestión y en el recurso ha enumerado varias razones para argumentar su oposición, entre ellas que no se ha motivado suficientemente ni se ha presentado la memoria ni las tarifas oficiales, que son documentos “básicos e imprescindibles”.
De Castro incidió sobre todo en que Remesa no cumple el requisito de idoneidad para esta encomienda de gestión por carecer de los medios materiales y humanos necesarios para hacerse cargo de estas instalaciones.
En este punto, señaló que Remesa no puede subrogar el personal que trabaja en las instalaciones, que procede de una empresa privada, lo que “vulnera, entre otras cosas, las limitaciones presupuestarias de contratación de personal”, establecidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Respuesta en dos semanas
Ahora el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales tendrá que resolver este recurso especial en un plazo máximo de 15 días, que C’s confió en que le dé la razón, lo que significaría que la encomienda de gestión “se irá al traste y será un tiempo perdido porque tendrán que sacarlo a contratación”. “Si le dan la razón a la Ciudad Autónoma, tendremos que esperar”, agregó.
