El vicepresidente segundo de la Asamblea y diputado de Coalición por Melilla (CPM), Rachid Bussian, ha apuntado a un hipotético “escenario sin precedentes” a partir del 5 de diciembre, el último día que, según una previsión inicial, iba a gestionar la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) la planta desalinizadora, si bien la Ciudad Autónoma ha solicitado que este traspaso de competencias en dicha infraestructura se retrase dos meses. Tras conocer esa solicitud por la prensa, Bussian ha lanzado un mensaje grabado advirtiendo de que “la planta desaladora puede estar en manos de nadie a partir de esa fecha” porque “la Confederación lo ha dejado muy claro: a partir del 5 de diciembre dejará de gestionar la planta desaladora y cerrará la puerta al salir”.
Minutos después, la propia Consejería de Medio Ambiente y Naturaleza ha emitido un comunicado acusando a los cepemistas de intentar generar alarmismo. “Parece lamentable que un partido político como CPM genere una alarma social absolutamente innecesaria con el único objetivo de dañar al Gobierno de la Ciudad”, ha recalcado el departamento que dirige José Ronda. Y es que, como ha apuntado, “en todo momento la Ciudad Autónoma de Melilla mantendrá el suministro de agua procedente de la planta” y no se producirá ningún vacío en su gestión, ya que la Ciudad Autónoma ya tiene empresa adjudicataria, que se hará cargo a partir del 6 de febrero de 2024, una vez transcurridos los dos meses solicitados por la Administración local, y cuya decisión de acceder a ello ha sido de la CHG.
“Anuncio preocupante”
En su mensaje, Bussian considera que el anuncio realizado por el consejero es “preocupante” y “viene a agravar aún más el problema en el suministro del agua en la ciudad” porque “los melillenses pueden verse realmente perjudicados”. Además, ha acusado al Gobierno local de “desinformación y falta de claridad”, lo que “lleva a la incertidumbre y a un escenario que puede provocar un hecho sin precedentes en nuestra ciudad”. De igual modo, se ha quejado de que hay fugas de agua que no están siendo detectadas a tiempo y otras cuya reparación está marcada por una “lentitud sin justificación”.
