Coalición por Melilla (CPM) denunció ayer la "externalización" de los servicios jurídicos que están en Contratación como son los de Bienestar Social y Presidencia. Su diputada, Dunia Almansouri, advierte de que tras estudiar las exigencias que se piden en los pliegos parece que son contratos "a medida" para determinados gabinetes jurídicos. La diputada de Coalición por Melilla (CPM), Dunia Almansouri, denunció la "externalización" de determinados servicios jurídicos directamente dependientes de algunas áreas como son en este caso Bienestar Social y Presidencia que han salido a licitación en los últimos meses. Un contrato, apuntó, que se lleva realizando desde 1998, según informó la Ciudad tras la petición de información por parte del Grupo de CPM en la Asamblea.
Almansouri defiende que las contrataciones externas deben ser "puntuales", ya que son para asesorar a la administración, que ya tiene sus propios servicios jurídicos. "No existe justificación alguna", sentenció la cepemista, quien indicó que el hecho de que las diversas áreas de la ciudad cada año necesiten estos servicios, demuestra que sería necesaria, "por transparencia", una mayor contratación de personal mediante la convocatoria de oposiciones. Para ello puso de ejemplo el área de Sanidad, cuya contratación se justifica en los pliegos, por la cantidad de reclamaciones que reciben.
La diputada de CPM señaló que en el pliego, en el apartado de solvencia técnica y profesional, se exige al que presente ofertas "que tenga una experiencia en asesoramiento letrado a entidades públicas por un importe mínimo de 60.000 euros en el cómputo global de los últimos tres años".
Con estas exigencias, advierte la cepemista, se puede "mal pensar" que "se ha hecho un pliego a medida para que determinados gabinetes jurídicos y solo esos, puedan acceder a esta contratación". Así, alerta de que dichas contrataciones pueden ser "un mal uso de los caudales públicos, lo que podía llevar a la administración a problemas como los que ya se están viviendo en el seno de esta administración", en referencia del Caso Arquitecto o Caso Abogados.
Contrato de Bienestar Social
En concreto, los servicios jurídicos ya adjudicados de Bienestar Social, se han asignado a la única persona que ha presentado oferta, que señala Almansouri, " es quien lo lleva haciendo en los últimos años" y ha presentado una oferta por 28.000 euros. Asimismo, señala que en el caso de Presidencia, se ha licitado por 30.000 euros al año, aunque por el momento no ha sido adjudicada.
En esta línea, aclara que en la contratación de Bienestar Social "se ha obrado de forma diferente" a los casos que se están investigando de la Ciudad en los Juzgados. Y es que en esta ocasión se ha abierto un concurso público, pero los profesionales "están muy limitados y no cualquier abogado que tenga la especialización de la administración pública” puede accder “si no ha tenido la oportunidad anteriormente de poder trabajar en la administración”.
Almansouri se adelantó a las críticas del Gobierno y negó que "saliera más barato" y es que, si se hace lectura de los pliegos las condiciones de trabajo de los letrados externos "no tienen dedicación exclusiva, y no tienen marcadas un número de horas diarias que tengan que trabajar, ni un volumen mínimo de trabajo que justifique el dinero que se les paga y solo se pide que hagan una memoria con las actuaciones realizadas a lo largo del año".
