Melilla se convierte esta semana en la ciudad jurídica de España y en el punto de encuentro para numerosas autoridades de la Justicia. Esto es así por la celebración de las XXIII Jornadas de Derecho Enrique Ruiz Vadillo, que ha conseguido congregar a un buen número de notables ponentes del ámbito judicial, que estarán reflexionando hasta este viernes en la Sala número 10 de la UNED sobre las distintas facetas del Derecho, que también tienen una clara trascendencia social. Melilla se convierte durante unos días en la capital judicial de España. Ayer se inauguraron las Jornadas de Derecho Enrique Ruiz Vadillo, que celebran en esta ocasión su vigésima tercera edición, la cual se prolongará hasta el próximo viernes 17 de junio. Por este motivo, la Ciudad Autónoma vuelve a congregar a numerosas figuras notables del mundo jurídico, que analizarán distintos aspectos de la Justicia con una clara repercusión social.
La inauguración de estas jornadas fue presidida por autoridades de renombre en el ámbito del Derecho y de la Justicia, contando con personalidades como el presidente del Tribunal Superior de España y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal; o el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Lorenzo del Río.
Los máximos responsables de los distintos órganos judiciales coincidieron al señalar la existencia de numerosas dificultades y deficiencias que aún hay que subsanar para mejorar la calidad de la Justicia, aunque también hicieron hincapié en la profesionalidad y en la imparcialidad de quienes se dedican al ejercicio del Derecho en el país.
Los retos de la Justicia
El mismo presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, manifestó ayer durante su intervención que la corrupción (la segunda preocupación de los españoles, por detrás del paro, según los datos del CIS) se ha convertido hoy “en el principal reto” del sistema judicial español. Esto supone un desafío enorme para la Justicia, ya que, tal y como reflexionó Lesmes, “desgraciadamente” tiene un “carácter endémico”. “Ha penetrado en muchísimas instituciones públicas”, reconoció el presidente del CGPJ, lamentando “la pérdida de la calidad” que supone para la democracia, así como la desconfianza hacia las instituciones públicas que genera en la sociedad.
En esta línea, el máximo responsable del TS expuso cómo ha cambiado la delincuencia que la Justicia trata de combatir actualmente. “En el siglo XIX, el sistema judicial se enfrentaba al hombre individual que cometía un delito”, comenzó a relatar. “Hoy nos encontramos ante auténticas tramas complejas, con organizaciones criminales”, explicó, añadiendo que los jueces y fiscales disponen además de “escasos medios” para plantarles cara.
Eficiencia y eficacia
Por su parte, el presidente del TSJ Andalucía, Ceuta y Melilla, Lorenzo del Río, admitió que “a veces no somos eficientes en la Justicia”, aunque lo hizo subrayando que eso no se traducía necesariamente en que la labor de los profesionales no fuera eficaz. “Estamos haciendo un trabajo serio y responsable en una época de convulsión social e institucional”, aseveró Del Río, que además apeló a la “necesaria” implicación del resto de poderes para que la Justicia sea tratada “como una cuestión de Estado”.
El responsable del TSJ de Andalucía, Ceuta y Melilla también hizo referencia al “déficit” al que se enfrenta la Justicia en materia de gestión territorial, e insistió en que su entramado organizativo “no puede hacernos perder en calidad ni el tiempos razonables”.
Politización de la Justicia
Una de las ponencias que ayer tuvo lugar versaba en torno a la politización de la justicia. Por eso, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, fue tajante al afirmar que “los 5.400 jueces que prestan servicio en nuestro país no actúan bajo directrices políticas en modo alguno”. En este punto, reiteró que actúan “con plena independencia y con la única sujeción a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.
El papel de la Fiscalía
Otra de las conferencias corrió a cargo de la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, quien puso de relieve la proyección del Ministerio Fiscal en otros ámbitos ajenos al proceso penal. Asimismo, destacó el desarrollo funcional de esta figura, que no sólo acusa y persigue los delitos, sino que “abarca la defensa de intereses sociales y los colectivos más vulnerables”. Durante la inauguración, Madrigal puso sobre la mesa uno de los principales objetivos por el que se celebran estas jornadas desde hace más de 20 años: “Provocar la circulación de las buenas ideas” para así poder avanzar “desde el debate, la crítica y la reflexión”.
