Comisiones Obreras (CCOO) en Melilla, a través de la Secretaría de Políticas de Empleo, Políticas Públicas y Migraciones, denunció ayer la "discriminación administrativa, fiscal y prestacional" a la que están sometidos los trabajadores transfronterizos en comparación con los nacionales y otros colectivos de extranjeros. Sl sindicato cree necesario un amplio consenso de las fuerzas políticas y sociales para llevar a cabo la reforma legislativa que requiere esta situación ya que, no en vano, se trata de un problema "interdepartamental" en el que se ven afectados varios ministerios. La Secretaría de Políticas de Empleo, Políticas Públicas y Migraciones de la Unión Provincial de Comisiones Obreras (CCOO) en Melilla registró el día 13 en la Delegación del Gobierno un informe sobre la situación de los trabajadores transfronterizos de la ciudad en el que ofrece una "visión pormenorizada" de la "discriminación administrativa, fiscal y prestacional" a la que están sometidos estos trabajadores en comparación con los nacionales y otros colectivos de extranjeros.
En nota de prensa, CCOO subraya que los trabajadores transfronterizos, "con su actividad diaria, contribuyen al desarrollo de Melilla" y, sin embargo, "se encuentran discriminados con respecto al resto de los trabajadores". En concreto, critican que se les descuente un 25 por ciento de sus nóminas en concepto de impuesto de los no residentes, además de que, aun cuando no tienen derecho a presentar la declaración de la renta, se les retiene el IRPF.
Denuncia igualmente CCOO que los trabajadores transfronterizos no tienen derecho a prestación por desempleo, a pesar de cotizar por ello, al tiempo que subraya que este colectivo tiene que pagar "desorbitadas tasas" para la renovación de los permisos. Además, se les ha deducido la vigencia del permiso de trabajo, de cinco a un año, y se les aplica de forma arbitraria la asistencia sanitaria.
En el sindicato reconocen que la solución a estos problemas trae consigo la modificación de leyes, decretos, órdenes, reglamentos y, además, acuerdos bilaterales entre Estados. No en vano, CCPP elaboró en 2012 un informe sobre esta situación de discriminación, un documento que remitió a los estamentos sociales implicados y competentes para cambiar la legislación. Sin embargo, "no se ha sabido nada, no ha habido ninguna reforma en sentido positivo, siendo toda modificación efectuada referente para acentuar más la situación de discriminación vivida por este colectivo".
Es más, desde la Secretaría de Políticas de Empleo, Políticas Públicas y Migraciones de la Unión Provincial de CCOO aseveran que se trata de un problema "interdepartamental" en el que se ven afectados los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación, Empleo y Seguridad Social, Hacienda y Administraciones Públicas, Interior, y Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad.
Para ello, el sindicato cree necesario un amplio consenso de las fuerzas políticas y sociales para llevar a cabo la reforma legislativa que requiere esta situación. "La complejidad de las dificultades para alcanzar este consenso no significa ni es excusa para no promover su reforma, siendo necesaria una actuación a corto plazo en este sentido".
