Según el Tribunal de Cuentas (TCU), 2.075 formaciones políticas estaban obligadas en España a presentar su contabilidad electoral para el Informe de Fiscalización de las Contabilidades de las Elecciones Locales de 2015. De ellas, apenas la mitad cumplieron con esta obligación, concretamente 1.172, y 903 no lo hicieron, la mayoría “de implantación territorial muy reducida, que solo han presentado candidatura en un municipio”, según explicó en el Congreso de los Diputados el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda García.
La fiscalización se realizó sobre las contabilidades de los ingresos y gastos electorales presentados por las formaciones políticas como consecuencia de su participación en las elecciones locales y en las elecciones a las asambleas de Ceuta y Melilla de 2015. Se extendió a los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones que habían alcanzado los requerimientos exigidos para recibir subvenciones estatales o que habían solicitado adelantos con cargo a las mismas.
La fiscalización tuvo por objeto examinar la regularidad de las contabilidades electorales remitidas por las formaciones, analizando si las mismas se ajustan a los principios contenidos en el Plan General de Contabilidad adaptado a las formaciones políticas o, en su caso, al Plan General de Contabilidad, así como a las disposiciones específicas de la legislación electoral, con especial referencia a los recursos, gastos y tesorería de campaña.
