La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) reconoció ayer que en Melilla se llevan a cabo “devoluciones inmediatas” de inmigrantes por la valla fronteriza, conocidas como devoluciones en caliente, y pidió seguridad jurídica para los agentes, ya que dicho proceder no está reflejado en la legislación. En una nota de prensa, AUGC denunció una disparidad de criterios de actuación en este sentido en Ceuta y Melilla, ya que si bien ambas ciudades autónomas tienen “las mismas peculiaridades en control de la inmigración”, la actuación es “totalmente opuesta” en Ceuta, ya que allí el inmigrante es previamente identificado en dependencias policiales, como establece la Ley. Según AUGC, cuando los guardias civiles de Ceuta tienen “contacto directo” con el inmigrante, éste es conducido “inmediatamente” a la comisaría de Policía Nacional, que tiene las competencias en materia de Extranjería, para iniciar el correspondiente trámite de readmisión o repatriación, y después es acogido en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). “Esas son las directrices que la ley marca seguir”, subrayó AUGC recordando que esto es lo que está reflejado tanto en el acuerdo bilateral entre España y Marruecos firmado en el año 1992, que fue ratificado recientemente, y también en la Ley de Extranjería.
Tras la alerta por el virus del ébola, dicho procedimiento se ha ampliado en Ceuta, donde los inmigrantes, antes de ser trasladados a dependencias policiales, son previamente conducidos a una sala habilitada en el puerto para pasar un examen médico y, de este modo, poder descartar cualquier posible enfermedad.
Sin embargo, AUGC denuncia que en Melilla “las indicaciones” que reciben los guardias civiles de forma verbal es que se devuelva “inmediatamente a los interceptados en el vallado fronterizo”. Estas instrucciones eran más amplias antes de la muerte de 15 inmigrantes ahogados en Ceuta, ya que según esta asociación de guardias civiles, la orden era proceder a la “devolución inmediata sin más trámite” del inmigrante “aunque hubiera sorteado las dos vallas”. Dicha devolución sería siempre que el inmigrante “no rebasara la línea de efectivos policiales o mientras el mismo no fuera perdido de vista en su huida y fuera alcanzado por algún guardia”.
AUGC se pregunta por qué se procedió a este cambio en la actuación y el motivo por el que estas indicaciones “jamás son por escrito”. Por ello, insistió en su petición de un protocolo de actuación para tener seguridad jurídica en su actuación y que éste se les facilite por escrito para que los guardias civiles puedan defenderse en el caso de que sean requeridos por un juzgado, lo cual “ya está ocurriendo”, para que “no vean peligrar jamás el pan que alimenta a sus hijos”.
Esta asociación cree que este protocolo de actuación sería la manera en que la Delegación del Gobierno podría materializar el “apoyo incondicional” que les ha transmitido esta semana en varias ocasiones tras la difusión de dos vídeos de Human Rights Watch (HRW) y Prodein sobre presuntas agresiones a inmigrantes en la valla por parte de agentes uniformados.
Los vídeos de HRW y Prodein
Sobre los vídeos de las dos ONG, AUGC manifestó que esas acciones “son un tanto desmesuradas, pero no son la práctica habitual ante los asaltos que se producen a la valla”, al tiempo que tachó de que no es ético ni razonable que se analicen esas imágenes “de escasos segundos cuando el salto duró cerca de 16 horas”. “Una gota en el mar no puede dañar la imagen de todo un colectivo”, recuerda la asociación de guardias civiles, que coincide en la valoración del Gobierno sobre la parcialidad de los vídeos.
Así, aunque reconoció que “no es la forma más correcta de tratar a personas que huyen del hambre”, AUGC pidió que las imágenes de ONG muestren también los minutos previos a los saltos, cuando los inmigrantes agreden a los guardias civiles con piedras, palos y otros “artilugios” para sortear la malla antitrepa.
“A todo ello unimos la dramática imagen de ver a inmigrantes con cortes y heridas sangrantes sembrando la duda e incertidumbre del contagio de enfermedades como el ébola y obtenemos un 'coctel molotov'”, agregó AUGC recordando que los inmigrantes “están violentando una frontera” y desobedeciendo a agentes de la autoridad. Sin embargo, el hecho de no ser detenidos juega en contra del guardia civil, cuya acción “parece más violenta y fuera de lugar de lo que es en realidad”, lamentó la asociación.
Por todo ello, denunció la “presión extrema” que sufren los guardias civiles por varias razones: por un lado, las ONG que “criminalizan” las acciones de la Guardia Civil y presentan denuncias contra los agentes, las cuales son admitidas a trámite por los juzgados, como ha ocurrido en el caso del Juzgado de Instrucción número 2 respecto al intento de entrada masiva que se registró el 18 de junio. Por otro, AUGC también lamentó que esa presión sobre los agentes es alimentada por las órdenes que reciben, ya que la Guardia Civil es un cuerpo “sometido a un régimen militar donde el ordeno y mando es el imperativo legal existente”.
En este sentido, AUGC dejó claro que los guardias civiles no abren por iniciativa propia las puertas de la valla para que “las fuerzas de seguridad marroquíes para que actúen en zona española (entrevallado) con prácticas nada propias de esta época”.
