La portavoz en la Asamblea, Dunia Almansouri, pide al Ejecutivo que preside Juan José Imbroda que traslade a la justicia “con la debida transparencia” todos los expedientes relativos a los terrenos donde se levantó dicho centro
Coalición por Melilla (CPM) ha instado al Gobierno de la Ciudad Autónoma que colabore con la justicia y permita que “se investigue hasta el final” la denominada ‘Operación Valenzuela’ de la UDEF, que investiga supuestas irregularidades en la construcción del gran centro comercial de la ciudad autónoma, inaugurado en 2017. Unas acusaciones que el Ejecutivo que preside el popular Juan José Imbroda he negado con rotundidad desde el primer momento en el que salieron a la luz en determinados medios de comunicación nacionales, defendiendo que todo el expediente se tramitó con “absoluta corrección y conforme a la legalidad”.
La portavoz cepemista en la Asamblea ha dado veracidad al informe de la UDEF, negando que sea “un rumor” ni una “información sin soporte”, sino que se trata de un informe policial “en el que se da cuenta del hallazgo de un documento manuscrito denominado “Operación Valenzuela”, relacionado con los terrenos del antiguo Cuartel de Valenzuela y el actual Parque Murias”.
Ha señalado que la propia autoridad judicial ha acordado la deducción de testimonio de dichos hechos y su remisión a las Diligencias Previas 29/23, “lo que demuestra que el asunto ha superado el plano meramente periodístico y tiene ya recorrido procesal”.
“Si el Gobierno de la Ciudad afirma que todo fue correcto, lo procedente no es amenazar ni desacreditar, sino poner inmediatamente a disposición, judicial y pública, con la debida transparencia, todos los expedientes relativos a la cesión o adquisición de los terrenos, la modificación del PGOU, la subasta o adjudicación, las licencias concedidas, la liquidación o no del IPSI, y los informes de Intervención, Tesorería y Gestión Tributaria”.
Almansouri asegura que las actuaciones judiciales que se iniciaron respecto al IPSI tuvieron lugar cuando ella era consejera de Hacienda con el Gobierno de coalición con PSOE y Eduardo de Castro, “que a su vez ordenó el traslado al juzgado de la inspección realizada, la cual derivó en las diligencias previas 29/2023, en las que se personó la Ciudad Autónoma, mediante acuerdo de consejo de gobierno de 17 de febrero de 2023”.
“La ciudadanía tiene derecho a saber si existió o no perjuicio para las arcas públicas, si se liquidó correctamente el IPSI y si hubo, o no, fondos derivados de la operación que pudieron terminar en cuentas o estructuras financieras en Gibraltar”, ha señalado, instando al Ejecutivo local que afronte este asunto como “una cuestión de transparencia, legalidad y posible responsabilidad pública”.
