El delegado del Gobierno, Enrique Beamud, confirmaba que no existía intención alguna de abrir un proceso de nacionalidades similar al que se llevó a cabo en Melilla a mitad de los años ochenta. Beamud precisaba que los titulares de las «tarjetas amarillas» podrían optar entre el mantenimiento de ese documento, discriminatorio por la restricción de derechos que le era inherente, o su sustitución por el de residencia legal de extranjeros en España.
Los vecinos de la barriada de Las Caracolas, construcciones prefabricadas situada junto al Barrio Chino, se hundía en la podredumbre de unas viviendas repletas de grietas e insectos.
